En 1996 la Empresa Funeraria Municipal (EFM) firmó un contrato de arrendamiento con opción de compra de parte del tanatorio de Bon Sosec.
Un año después, en septiembre de 1997, el contrato privado se convirtió en público mediante la formalización de un arrendamiento financiero con la Banca March, que se había hecho con los activos de Bon Sosec, después de que la promotora, en septiembre de 1995, presentara suspensión de pagos de 8.000 millones de las antiguas pesetas y dejando deudas millonarias con las empresas que habían participado en la construcción del tanatorio y cementerio ubicado en Marratxí.
Entre ellas, la constructora Domus, propiedad del alcalde de Palma entre 1991 y 2003, Joan Fageda. El exalcalde del PP, a través de su empresa, que había participado en la construcción del tanatorio incluido en el complejo, también era accionista, aunque minoritario, de la promotora del complejo funerario privado levantado en el municipio vecino. Domus llegó a acumular una deuda con Bon Sosec de 987 millones de las antiguas pesetas, 700 de los cuales fueron posteriormente «perdonados» o no ejecutados por los bancos acreedores.
La demanda y posterior querella contra los promotores por corrupción fue archivada
Por ello, la operación de compra de parte del tanatorio promovida por la empresa municipal de Palma con dinero público y en un término municipal distinto, se percibió como una posible práctica corrupta que beneficiaba los intereses particulares del alcalde. Las sospechas de corrupción en la construcción de lo que debía ser el primer cementerio totalmente privado de España, no obstante, se iniciaron cuando, poco después del comienzo de la construcción del complejo, en 1992, fue necesaria la aportación de dinero público, en concreto 425 millones de pesetas, a través de la Sociedad Balear Capital Riesgo, una empresa semipública del Govern. Las alarmas saltaron cuando se supo que pocos años antes tres socios de Bon Sosec, en 1988, habían aportado medio millón de pesetas cada uno a la Fundació Illes Balears, creada por Gabriel Cañellas, presidente en aquel entonces del Govern. Pese a las denuncias, la demanda y posterior querella interpuesta contra los promotores fue desestimada en 1995 y no tuvo consecuencias judiciales.
