El ayuntamiento de Palma no ha recibido nuevas órdenes judiciales que permitan el desalojo de más familias de Son Banya, según confirmaron ayer fuentes municipales. Los derribos debían retomarse el pasado mes de junio, pero a estas alturas no se ha podido ejecutar ninguno de los previstos. La falta de viviendas alternativas es el otro motivo por el que el plan de erradicación del poblado se está retrasando. Desde el área de Bienestar Social se indicó ayer que durante este verano se ha podido realojar a tres familias.
Las previsiones del Consistorio era llevar a cabo una serie de derribos en el poblado en el mes de junio, una vez que tuviera las correspondientes órdenes judiciales. Sin embargo, el área de Bienestar no ha recibido todavía esas autorizaciones para poder desalojar más viviendas, confirmaron ayer desde este departamento.
Las demandas judiciales para obtener esas órdenes se empezaron a presentar meses atrás, con la intención de volver a derribar casas antes del verano.
Sin embargo, la falta de esas órdenes y de viviendas donde realojar a las familias sin alternativa están ralentizando el proceso de eliminación del poblado, que debe estar finalizado en 2023. El Ayuntamiento estima que necesita entre 30 y 35 viviendas para dar salida a familias de Son Banya.
Cabe recordar que en el poblado residen aún unas 90 familias que ocupan otras tantas viviendas. El Consistorio, a falta de un censo oficial, calcula que hay unas 300 personas viviendo allí, de las que 148 son menores.
Desde que se inició el desalojo del poblado en julio de 2018, ya son 30 las familias que han salido de Son Banya con una orden de desahucio.
El pasado mes de junio, el pleno del Ayuntamiento aprobó un acuerdo político unánime para el desmantelamiento del poblado antes de 2023. El nuevo pacto, que renueva el que se firmó en 2018 y cuenta con la participación de la asociación gitana Gaocaló Nuevo Futuro, mantiene el plan de realojo de las familias vulnerables que aún viven en Son Banya, siempre que se comprometan a cumplir una serie de condiciones.
El nuevo acuerdo ha modificado el reglamento de ayudas para permitir la rehabilitación de una vivienda en propiedad hasta un máximo de 10.000 euros. También se ha eliminado el límite de cinco años para recibir las ayudas siempre que la familia en cuestión continúe en situación de vulnerabilidad.
El plan de ayuda social mantiene la exclusión de las barriadas de Son Gotleu, la Soledat y Verge de Lluc para realojar a familias procedentes de Son Banya. Además, se ha acordado que representantes de tres determinadas familias del poblado serán las últimas que lo abandonarán, con el fin de que supervisen todo su desmantelamiento.
