El Govern balear será pionero en el uso de la técnica de la minería urbana, que permite recuperar materia prima, que proviene de infraestructuras ya existentes, para reciclarla y reutilizarla. En este caso, se llevará a cabo en un edificio en la calle de Lope de Vega de Palma que fue cedido por la Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas al Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI), para crear 25 viviendas HPO. De las cuales, cuatro estarán pensadas para personas “con capacidades especiales”, ha apuntado esta mañana la presidenta del Govern balear, Francina Armengol.

En concreto, se podrá reaprovechar el 80% del edificio. “Es completamente novedoso en España, tengo entendido que sólo se ha visto en Londres, Copenhague y Bruselas”, ha dicho Armengol en relación al sistema de reúso de escombros. La deconstrucción se presenta como una manera menos contaminante de edificar. Se propone desmontar el edificio en el orden inverso al que fue construido con la intención de aprovechar al máximo los materiales que lo componen. Se construirán un conjunto de bloques a base del material estructural de hormigón y marés, y se mezclará con cal natural para conformar la estructura del nuevo edificio. “Las más de 200 viviendas que construimos en Palma y los más de 600 del conjunto de las Illes Balears tienen un denominador común: aparte del diseño moderno, todas las obras tienen en cuenta la necesidad y la voluntad de la eficiencia energética y combinar la construcción con materiales de proximidad”, ha destacado el conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí.

IBAVI prevé publicar mañana la licitación para adjudicar las obras de demolición del edificio existente y de fabricación de los bloques de cal con el material recuperado. Se espera comenzar la demolición en octubre de 2021, e iniciar la reconstrucción en febrero de 2022. 'Harquitectes Área Productiva, SLP', los artífices de este proyecto de “sostenibilidad y economía circular”, además del uso de minería urbana, plantean utilizar otros sistemas constructivos prefabricados y de rápida ejecución, así como estrategias de arquitectura bioclimática que permitan la optimización de plazos y costes en el proceso de construcción y edificación energética. Para poder efectuar la propuesta se han destinado 2,8 millones de euros desde la administración pública.