El ayuntamiento de Palma no podía prohibir los conciertos realizados en la plaza de Toros los días 15 y 20 de julio en base a una «recomendación» de una dirección general del Govern advirtiendo sobre «una alta posibilidad de consumo de drogas y alcohol de alta graduación de forma masiva».
Así lo manifestó ayer la concejala de Seguridad Ciudadana, Joana Maria Adrover, antes de comparecer ante el pleno por delegación del alcalde, José Hila, a petición de los grupos municipales de Vox y del PP.
El concejal de Vox, Fulgencio Coll, pidió si existía un informe elaborado por la Patrulla Verde de la Policía Local que desaconsejara la autorización de estos conciertos, algo que Adrover negó.
Asimismo, la portavoz del grupo municipal del PP, Mercedes Celeste, pidió explicaciones sobre por qué se obvió el informe de la dirección general de Emergencias del Govern, a lo que Adrover contestó que este informe fue elaborado por este organismo después de la celebración del primer concierto del día 15, que fue disuelto por la Policía Local por incumplir las medidas de seguridad impuestas por la conselleria de Salud, y se le abrió un expediente de infracción con una propuesta de sanción a los promotores de 200.000 euros.
Adrover explicó que la plaza de Toros dispone de una licencia de actividades permanente. Por ello, cuando se recibió la solicitud de los promotores para la celebración de los dos conciertos, fue analizada por parte de los técnicos y comprobaron que la solicitud se ajustaba a la licencia del recinto. Paralelamente, desde la conselleria de Salud se informó de que ambos conciertos no eran considerados como actos multitudinarios debido a que su aforo no superaba las 2.000 personas y, en consecuencia, debía considerarse como una actividad recreativa al aire libre y que debía cumplir con la normativa sanitaria establecida en aquellos momentos de desescalada.
Cuando el día 15 de junio se celebró el primer concierto de los autorizados la Policía Local, junto con los inspectores del Govern, comprobaron el incumplimiento de la normativa, por lo que procedieron a su paralización, dispersión y levantamiento de un acta que ha concluido con una propuesta de sanción de 200.000 euros. Algo que no ocurrió con el del día 20, cuando los promotores intensificaron la vigilancia y se incluyó la prohibición de la venta de alcohol y de fumar.
Sustitución de multas por trabajos comunitarios
El equipo de gobierno se comprometió a realizar los tramites necesarios para modificar la Ordenanza Municipal para el uso Cívico de los Espacios Públicos, conocida como ordenanza Cívica, con el fin de que, de acuerdo con la normativa, se posibilite la sustitución de las sanciones económicas impuestas por el incumplimiento de esta normativa, que incluye las medidas contra el botellón, por trabajos a la comunidad u otro tipo de actividades cívicas. Asimismo, a propuesta del grupo municipal del PP, se aprobó por unanimidad una proposición transaccional por la que el equipo de gobierno se compromete también a estudiar la posibilidad de formalizar acuerdos con diferentes ONG y entidades sin ánimo de lucro para que los infractores puedan participar en actividades cívicas y trabajos para la comunidad. También se compromete a establecer sesiones formativas o programas socioeducativos.
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