El ayuntamiento de Palma ha acordado requerir a las Hermanitas de los Pobres 90.000 euros por el pago de las facturas del agua potable de los últimos cuatro años correspondientes al consumo realizado en la residencia de ancianos que gestiona esta congregación religiosa situada en el número 17 de la calle General Riera.
Asimismo, les insta a que, en el plazo máximo de dos meses, realicen el cambio de titularidad y pongan el contador de agua potable que les suministra Emaya a su nombre, ya que en la actualidad está a nombre del Ayuntamiento. El acuerdo, adoptado en la última junta de gobierno, se produce después de que la congregación religiosa haya rechazado la posibilidad de formalizar un convenio con el Ayuntamiento de Palma que incluya la cesión de plazas en la residencia para personas vulnerables del municipio a cambio de continuar asumiendo, por parte de la administración municipal, el coste del suministro de agua potable.
Según la concejalía de Bienestar Social de Cort, ante esta posibilidad, la institución religiosa ha contestado este mismo año que no podían firmar un convenio de estas características «porque su congregación no lo contempla» y por este motivo no se ha podido llegar a ningún acuerdo, como deseaba la administración municipal.
Los hechos se remontan a 2018 cuando, a raíz de la confección por parte de Infraestructuras de un listado de contadores de Emaya se detectó uno situado en General Riera número 17 que no se correspondía con el regadío de la zona verde de esta calle sino que se utilizaba para el abastecimiento de líquido al edificio de las Hermanitas de los Pobres.
Se solicitaron distintos informes y Emaya remitió una acometida realizada en los años 70, sobre la que hay una nota a mano que califica a este contador como servicio gratuito. En 1989 se realiza una nueva acometida por parte de Emaya, aunque la empresa municipal comunicó que desconoce la causa por la cual este contador se puso a nombre del Ayuntamiento de Palma.
Se consultó con Bienestar Social y este departamento respondió que no tenían constancia de ningún documento que justificara el abono de los consumos de este edificio.
