El grupo municipal de Ciudadanos en Cort ha presentado una propuesta para que sea debatida en el próximo pleno municipal en la que se solicita al equipo de gobierno, previo informe de la Policía Local, que declare el polígono de Son Castelló como Zona de Especial Intervención (ZEI) con el fin de luchar contra el botellón y las conductas incívicas.
La Zona de Especial Intervención es una figura contemplada en la ordenanza municipal para el uso cívico de los espacios públicos que, entre otras medidas, permite incrementar la cuantía de las sanciones que se imponen por la práctica del botellón o cualquier otra conducta incívica con cantidades que pueden oscilar entre los 1.500 y 3.000 euros.
Esta declaración requiere de un informe previo de la Policía Local y de la posterior señalización de la zona declarada. Inicialmente, en 2016, se declararon como zonas de especial intervención El Terreno y Gomila. Con posterioridad se añadió el paseo Marítimo y es Jonquet, incluyendo Son Armadams. La portavoz de este grupo municipal, Eva Pomar, ha puesto de manifiesto la importancia del informe previo que debe realizar la Policía Local, y ha recordado que la declaración como ZEI de la barriada de Pere Garau fue rechazada precisamente por la falte de este documento.
Una modificación de la ordenanza promovida por la anterior responsable de Seguridad Ciudadana, Angélica Pastor, introdujo la posibilidad de declarar determinadas zonas de la ciudad como Zonas de Especial Intervención Turística (ZEIT), que incluye también el incremento de las sanciones por la práctica del botellón, además de otras medidas. el pasado 17 de marzo, la junta de gobierno aprobó declarar zonas ZEIT hasta el próximo 30 de septiembre, durante las 24 horas del día, todos los fines de semana varias zonas de la Platja de Palma, el paseo Marítimo y el centro de Palma.
Desde el grupo municipal de Ciudadanos también se ha solicitado que se haga efectiva la posibilidad de que los menores de edad puedan conmutar las sanciones que se les imponga por la práctica del botellón, que deben abonar sus padres, por trabajos en favor de la comunidad, una posibilidad también solicitada reiteradamente por la Defensora de la Ciudadanía.
Igualmente, en la misma propuestas se incluye que se estudie la posibilidad de instar cámaras de videovigilancia en todos los polígonos, comenzando por el de Son Cartelló como prueba piloto.
