Doy fe de que en el mes de octubre de 2020 en las casas de Son Reus Vell, o de Baix, no había ningún vertedero ilegal. Esos edificios y sus terrenos adyacentes pertenecen al ayuntamiento de Palma desde 1975. Iban en el mismo lote que las tierras que se dedicaron a basurero, junto a la incineradora, pero están suficientemente apartadas como para aprovechar sus valores como elemento, que es, del catálogo municipal de bienes con valor histórico y patrimonial.
No hay duda pues de que al ser de propiedad pública, y además un elemento catalogado, es obligación de Cort mantenerlo, cuidarlo y darle un uso apropiado como Patrimonio de toda la ciudadanía.
Hace 8 meses entré en la finca sin que nadie me lo impidiera y, una vez superada la desconfianza de las personas que en ese momento la tenían okupada, pude visitar las casas y subir hasta la base de la torreta superior. Fuera estaban los camiones históricos de Bomberos, que habían sido depositados allí, en esa especie de almacén municipal, a la espera de ser rehabilitados o reutilizadas sus partes. Los desmanteladores de lo ajeno, entre ellos quizás algún respetable extranjero europeo, conocedores de su valía, cuando no como curiosidad, fueron llevándoselos pieza a pieza hasta dejar solo parte de las carrocerías de aquellos vehículos de antiguas matrículas y llamativos y brillantes colores. Uno de los muchos expolios que ha sufrido Son Reus desde que hace unos años se abandonó su cuidado.
Meses después de mi incursión leí que Cort había iniciado un proceso de desalojo de quienes allí vivían e, inocentemente, creí que era el primer paso para dar un uso apropiado a esa pequeña joya patrimonial pública. Se había perdido el huerto-jardín delantero que tenía un cerramiento con decoración almenada, pero los edificios se conservaban relativamente bien, en comparación con otras casas destrozadas que había podido ver.
Pero la realidad se impone y la periodista del Diario de Mallorca, Montse Terrasa, a mediados de este mes me sacó de mi ensueño al mostrar las casas de Son Reus y dependencias exteriores rodeadas de montones y montones de escombros, restos de obras con las que, siguiendo la estela de la finca de Son Güells, otra vergüenza mayúscula, alguien quiso hacer negocio.
Se puede decir que en un par de meses, a Cort le habían montado una escombrera en su casa y ante sus propias narices.
Lejos de sentir vergüenza y deshacerse en disculpas, los responsables municipales parece que no se ponen de acuerdo en quién tiene que limpiar y pagar el desaguisado. Nadie se siente responsable. ¿Es posible que mientras discuten si son galgos o podencos sigan vertiendo residuos y se cuelen otros okupas? Claro que sí.
Vigilar las propiedades públicas y velar por ellas nos saldría mucho más barato y sería más edificante que verlas degenerar y ser esquilmadas. Pero aunque lo hemos advertido y propuesto en diversas ocasiones, no hay manera de que lo entiendan como una prioridad y actúen. Es mano de santo echarle las culpas a Montoro, a la ley de contratación o a la intransigencia de los sindicatos. Es lo que hacen siempre, pero ninguna acción para remover los obstáculos.
Una de dos: o la administración se ha convertido en la gran enemiga de la propia administración, o es la excusa perfecta. Creo que lo mismo dije en mi primer artículo en esta sección. Y ya ven... nada ha cambiado y seguimos perdiendo.
