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Cort destina todos los efectivos policiales disponibles a controlar las playas la víspera de Sant Joan

También se mantendrá una especial vigilancia para impedir la celebración de botellones y concentraciones no autorizadas de personas

A partir de las siete de la tarde de mañana las playas y zonas costeras de Palma se cerrarán al público. Guillem Bosch

La Policía Local de Palma destinará la tarde-noche de mañana, víspera de Sant Joan, a la vigilancia de las playas y de todo el litoral de la ciudad para que se cumpla en decreto firmado el lunes por el alcalde, José Hila, que ordena el cierre de todos los arenales y el litoral palmesano entre las siete de la tarde del miércoles y las seis de la mañana del jueves con el fin de evitar concentraciones de personas la víspera de Sant Joan, además de concentraciones multitudinarias en otras zonas de la ciudad que celebren botellones, prohibidos por la Ordenanza Reguladora del del Uso Cívico de los Espacios Públicos (ORUCEP).

Fuentes del área de Seguridad Ciudadana han manifestado que el dispositivo que se activará la víspera de Sant Joan estará integrado por los agentes que realizan el servicio ordinario, a los que se sumarán los del refuerzo de verano y otros agentes a determinar que realizan horas extraordinarias. Además todas las actuaciones, en especial las que se realicen en la Platja de Palma, se harán en coordinación con la Policía Nacional.

Como el año pasado, van a participar en el operativo policial agentes procedentes de prácticamente todas las unidades policiales, incluyendo los de la Policía Montada, lo que supondrá un despliegue de más de 50 efectivos, sin contar los de la Policía Nacional, las dotaciones de bomberos ni los voluntarios de Protección Civil.

Como novedad, este año van a participar también en el dispositivo de vigilancia al menos dos camiones del cuerpo de bomberos con sus respectivas dotaciones, además de voluntarios de protección civil, que se encargarán de labores de información sobre la prohibición de permanecer en las playas más allá de las siete de la tarde.

Pero este dispositivo policial no solo se encargará de hacer cumplir el decreto de alcaldía sobre la prohibición de permanecen en zonas del litoral palmesano más allá de las siete de la tarde de mañana, miércoles, sino que también se encargará de impedir o, en su caso, dispersar la concentración de personas que practiquen el botellón, una actividad prohibida cualquier día del año en toda la ciudad y, en especial, en las zonas declaradas de Especial Intervención Turística (ZEIT) en las que las sanciones por la venta y consumo de alcohol a menores, así como la incitación y publicidad y su venta pueden alcanzar los 3.000 euros.

Como se recordará desde el pasado mes de mayo son zonas ZEIT el paseo Marítimo, las barriadas del centro de la ciudad, la calle Joan Miró y la Platja de Palma. Esta normativa obliga además a los biergandens de la calle Bartomeu Salvà de la Platja de Palma a delimitar físicamente las terrazas para evitar que los clientes invadan la vía pública. Asimismo, en la calle Jacint Verdaguer de la zona turística no se permite que los locales de restauración próximos a los establecimientos de ocio sirvan comida rápida que habitualmente se consume durante la madrugada.

El decreto del alcalde en relación a las playas la víspera de Sant Joan afecta a la zonas costeras de Cala Major, Can Pere Antoni, es Molinar, Ciutat Jardí, Cala Extància y la Platja de Palma, además de las zonas de baño de Cala Nova, Roques de Cala Major, el paseo del Molinar, el Penyó, Cala Gamba, es Carnatge y Son Caiós.

A lo largo de mañana se colocarán carteles informativos avisando de la prohibición y también se utilizará megafonía para este cometido.

En cuanto a las sanciones que se pueden aplicar por el incumplimiento de este decreto, desde Seguridad Ciudadana se indica que la orden en cuestión no contempla un régimen sancionador específico. No obstante, se indicó que, como ya es habitual, se utilizarán las sanciones previstas en la normativa covid, la Orucep y la Ley de Seguridad Ciudadana en función del tipo de conducta a sancionar.

Al margen de lo anterior, este departamento municipal insiste en que los efectivos están enfocados a la prevención y la disuasión y que las sanciones, en su caso, se impondrán atendiendo a criterios de "congruencia, oportunidad y proporcionalidad". Al respecto, se recuerda que las sanciones más graves que contempla la normativa autonómica covid son de hasta 600.000 euros, mientras que la Orucep municipal permite multas de hasta 3.000 euros en zonas ZIP.

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