La Policía Local y el servicio de Inspección Ambiental de Emaya han puesto en marcha desde el pasado mes de marzo unas brigadas mixtas de vigilancia que han levantado 41 actas contra empresas y particulares por incumplir la ordenanza de residuos. Además, los inspectores ambientales, desde inicios de este año, han registrado otras 171 denuncias, por lo que el total de expedientes abiertos este año asciende a 212.
Hasta ahora, esta vigilancia de las brigadas se ha centrado en los polígonos industriales y en algunos barrios en los que los vecinos habían demandado su actuación. Allí, se han revisado contenedores privados de empresas, bolsas de basura abandonadas en la calle, se han buscado pistas sobre los responsables de dejar escombros y coches abandonados y se ha informado sobre la normativa. Como resultado de este trabajo conjunto, se han levantado 28 actas a empresas que mezclan residuos propios de su actividad industrial con el rechazo, vertido de restos de obra o residuos peligrosos.
Otras 13 actas se han levantado a particulares que habían dejado bolsas u otros residuos fuera de los contenedores, según han explicado el alcalde de Palma, José Hila, la regidora de Seguridad Ciudadana, Joana Maria Adrover, y el presidente de Emaya, Ramon Perpinyà, quienes se han desplazado hasta el polígono de Son Castelló para dar a conocer el trabajo de estas brigadas mixtas.
Al margen de estas brigadas, el Servicio de Inspección Ambiental de Emaya ha proseguido con su trabajo habitual y ha levantado otras 171 actas de denuncia en los cinco primeros meses de este año. La mayoría se debe a infracciones relacionadas con la gestión de los residuos, principalmente por ensuciar la vía pública, o por cuestiones relacionadas con los animales de compañía, es decir, por no recoger sus excrementos o por sacar al perro sin correa por la calle, según la información facilitada por el Ayuntamiento.
"El incivismo tiene un coste y no permitiremos que los incívicos hagan lo que quieran", ha manifestado el alcalde, quien considera que esta actuación conjunta de Policía e inspectores de Emaya "puede marcar una diferencia" en la ciudad.
Los expedientes están en distintas fases de tramitación, que es cuando se fija la sanción correspondiente a cada caso. Las multas por infracciones muy graves cometidas por empresas pueden llegar a los 3.000 euros, mientras que la sanción máxima para un particular es de 1.500 euros.
