El ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que dirige la vicepresidenta del Gobierno Teresa Ribera se comprometió ayer en el transcurso de una reunión celebrada en Madrid a la que asistieron la presidenta del Govern, Francina Armengol, el alcalde de Palma, José Hila, y el conseller de Medio Ambiente, Miquel Mir, a aportar 105 millones de los 131 necesarios para la construcción de la nueva depuradora del Coll d’en Rabassa, lo que representa el 80% del total. 

El 20% restante procederá del canon de saneamiento. Al encuentro también asistieron el presidente de Emaya, Ramón Perpinyà. El Ministerio también aportará 40 millones para el saneamiento y la adecuación de torrentes de Balears.

La mayor inversión en años.

Tal como resaltaron tanto la presidenta Armengol como el alcalde, José Hila, se trata de la mayor inversión que el Estado realizará en Palma en décadas y que permitirá resolver el problema histórico de los vertidos de aguas residuales al mar debido a la falta de capacidad de las actuales plantas depuradoras. 

Además, se confirmó que el anteproyecto de la nueva depuradora ya está redactado y en estos momentos se está pendiente de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que se prevé que el Ministerio apruebe este mes. 

De esta forma, la sociedad mercantil Acues, que depende del Ministerio, sacará a licitación el proyecto de ejecución y de obra este mismo año, lo que posibilitará que los trabajos de la nueva infraestructura puedan iniciarse en 2023 en lugar de la fecha inicialmente prevista de 2024, y que estén concluidos en 2026. El acuerdo ratificado ayer al más alto nivel, establece que la aportación del 80% del Gobierno a la obra se financiará mediante los Fondos de Recuperación y Resiliencia Next Generation de la Unión Europea. 

Se prevé que a finales del presente mes Emaya y la sociedad mercantil Acues aprueben en sus respectivos consejos de administración el convenio, que se prevé firmar a lo largo del próximo mes de junio. 

Acuerdo inexistente

De esta forma, quedará formalizado el acuerdo, inexistente hasta ahora, para la financiación de la depuradora del Coll d’en Rabassa, pese a que se trata de un proyecto declarado de interés estatal, de ahí que, en principio, deba ser redactado, financiado y ejecutado por Madrid.

La actual depuradora del Coll d’en Rabassa se diseñó en los años 60 y fue inaugurada en 1975 para dar servicio a 340.000 personas, que era la previsión de población para los siguientes 20 años, hasta 1995. En la actualidad en Palma viven más de 440.000 personas, una cifra que se incrementa con la población flotante que visita o reside temporalmente en la ciudad durante una parte del año. En 2005 el entonces ministerio de Obras Públicas construyó y puso en funcionamiento la nueva depuradora de Sant Jordi, que sustituyó a la anterior, aunque no supuso un incremento notable de la capacidad de depuración.

Para conseguir el saneamiento total de las aguas de la bahía es imprescindible la puesta en funcionamiento de la nueva depuradora, aunque esta infraestructura no es suficiente. 

Pendiente el nuevo emisario

Queda pendiente de definir cómo será el nuevo emisario submarino que debe sustituir al actual que recogerá el agua ya tratada y que debe ser financiado con fondos estatales. Aún no se ha acordado la longitud que tendrá y que es un parámetro determinante del coste de la obra.

Paralelamente, Emaya está ejecutando las obras del tanque de tormentas y del nuevo colector interceptor de aguas residuales, infraestructuras que permitirán reducir en un 90% los cierres de playas debido al vertido de aguas pluviales mezcladas con residuales cuando llueve. Esta obra tiene un coste de 22,6 millones, que son aportados a través del canon de saneamiento por la conselleria de Medio Ambiente y se prevé que acaben en el último trimestre del presente año.

Acuerdo para aportar 40 millones para torrentes y biodiversidad

La reunión mantenida ayer al más alto nivel en el ministerio de Transición Ecológica aportó otro compromiso, tal como resaltó la presidenta del Govern, Francina Armengol. La vicepresidenta Teresa Ribera se comprometió a aportar 40 millones para la ejecución de actuaciones en torrentes de Balears y para destinar a proyectos de biodiversidad que se van a plasmar en un futuro convenio.