El 10 de diciembre de 2019, el joven Óscar Kacper Kalinowska y sus padres, Monika y Martin, fueron desahuciados de la que había sido su vivienda durante 14 años. Hoy están de okupas en un piso y siguen a la espera de que los servicios sociales les den una solución.
El suyo fue uno de esos desahucios que movilizaron a mucha gente, en el que se vivió mucha tensión y que acabó con la detención del portavoz de Stop Desnonaments y denuncias de activistas por haber sufrido lesiones debido a la actuación policial. El propio Óscar, que en ese momento contaba con 17 años, con una discapacidad que le obligaba (y le obliga) a ir en silla de ruedas, declaró haber sufrido daños durante el lanzamiento.
Tras su desahucio fueron acogidos por activistas de Stop Desnonaments, pero desde hace un tiempo la familia comparte un piso okupado, no adaptado para Óscar y con problemas de convivencia, según relata Monika Kalinowska, la madre.
Además, como el piso no dispone de ascensor, Óscar casi no sale de casa, y cuando lo hace, es su padre, Martin, quien carga con él para llegar a la calle, algo que tampoco le conviene, ya que está operado de la espalda, advierte su madre. Por su estado de salud y las enfermedades que padece, el joven tampoco acude a su centro escolar para evitar un posible contagio de covid. Según Mónika, su hijo, que ya es mayor de edad, «está deprimido».
En todo este tiempo, casi un año y medio, la familia ha hecho «todas las gestiones posibles» y mantiene un contacto continuo con la Defensora de la Ciudadanía, Anna Moilanen, para solucionar su caso.
Precisamente la Oficina que dirige Moilanen dictaminó que el Ayuntamiento había cometido errores con el expediente de esta familia, a la que negó el derecho a estar en las listas para optar a una vivienda social.
Hace tan solo una semana, la Defensora volvía a plantear al Ayuntamiento que se dé una solución a la familia.
Mónika comenta que llamó al teléfono de atención de los servicios sociales del Ayuntamiento, explicó cuál era su situación y que, dos semanas después, aún espera que le den una cita.
La familia asegura que, tras su desahucio, al contrario de lo que se dijo en aquel momento, no recibieron ninguna propuesta en firme para tener otra vivienda, ni siquiera en la part forana.
Bienestar social del Ayuntamiento asegura que «se volverá a valorar la situación económica de esta familia, para evaluar y decidir proporcionarle las ayudas necesarias y más adecuadas a su realidad y necesidades actuales. Tal y como se realiza con todos los casos similares».
