El Ayuntamiento de Palma ha sido demandado judicialmente por «la dejadez y permisividad, además de inacción» por permitir el funcionamiento de dos gimnasios sin licencia municipal.
Según se expone en la denuncia presentada ante el juzgado de lo contencioso administrativo número dos, se trata de un asunto «de extrema gravedad» ya que afecta a dos naves sin licencia de apertura ni de actividad «que diariamente son visitadas por cientos de personas que practican actividades de gimnasio o pádel sin garantías de seguridad».
Por ello, en la demanda judicial, presentada después de haber requerido al Ayuntamiento para que actuara y presentado una denuncia ante la Patrulla Verde de la Policía Local sin resultado, también se pide que se condene al pago de las costas procesales «por temeridad y mala fe».
Una de las naves comerciales está situada en el polígono de Son Morro y está en funcionamiento desde 2012, mientras que la segunda se ubica en el polígono de Son Rossinyol y abrió sus puertas al público en 2014.
Expedientes en 2011 y 2017
Los dos establecimientos son de la misma empresa y a ambos se les abrió, en 2011 y 2017, respectivamente, por parte del Ayuntamiento sendos expedientes por las irregularidades administrativas y urbanísticas detectadas sin que, hasta el momento, hayan sido resueltas según el denunciante, pese a lo cual continúan abiertos al público.
Tal como se indica en el escrito de demanda, «puestos en contacto con los servicios municipales en varias ocasiones nos confirman que no se ha actuado todavía y que se está a la espera de enviar a un inspector desde hace meses». Asimismo, se indica que las deficiencias detectadas por los inspectores y plasmadas en los expedientes abiertos en 2011 y 2017 «a día de hoy no han sido subsanadas y ni siquiera han sido objeto de inspección».
Por ello, alertan de que «es impensable lo que podría ocurrir en el caso de que por falta de la suficiente y necesaria diligencia de la administración municipal hubiera un incidente o accidente en el que fallecieran bastantes de estos clientes o usuarios».
Tras analizar la documentación administrativa obrante en ambos expedientes, en la denuncia judicial se indica que en el edificio situado en la calle Velluters del polígono de Son Rossinyol «se ha realizado el inicio de la actividad ampliada sin haber obtenido ni el permiso de instalación y sin ni tan siquiera haber aportado la documentación final». En este caso tampoco consta que se haya comunicado el inicio de actividad.
En el caso del gimnasio situado en el polígono de Son Morro, en el escrito de denuncia se pone de manifiesto que, a la vista de la tramitación realizada, «el expediente se ha finalizado correctamente».
No obstante, se afirma que el local «estuvo abierto de forma indebida» ya que, a raíz del requerimiento que se le hizo en septiembre de 2012 , «mientras no se aportara la documentación que subsanara este requerimiento, no podía iniciarse la actividad».
Esta documentación requerida en 2012 fue aportada en 2018, por lo que, al menos hasta esta fecha, habría estado abierto irregularmente, se indica en el escrito. Ahora este establecimiento funciona con la presentación de una declaración responsable, aunque se afirma que no ha sido inspeccionado por parte de Cort.
La propiedad afirma que disponen de toda la documentación
La propiedad de ambos gimnasios ha afirmado que disponen de toda la documentación en regla, aunque ha aceptado que en el caso del establecimiento abierto al público en el polígono de Son Rosinyol la obtención de la licencia de apertura y funcionamiento municipal «se encuentra en tramitación», mientras que en el caso del local del polígono de Son Morro disponen de una declaración responsables que les habilitaría para abrir.
