El ente público empresarial Puertos del Estado, dependiente del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, deberá pronunciarse sobre si prorroga la concesión y la ampliación solicitada por el Real Club Náutico de Palma más allá de 2022.

Fuentes de la Autoridad Portuaria de Balears (APB) han indicado que el informe de este organismo estatal es «preceptivo y vinculante», por lo que el pronunciamiento final por parte del gestor autonómico de los puertos estatales probablemente deberá ir en la misma dirección.

Se insistió en que Puertos del Estado aún no se ha pronunciado sobre la prórroga y ampliación de la actual concesión a favor del Náutico, aunque aceptaron que el informe de la Abogacía del Estado en el sentido de que no se puede prorrogar más allá de diciembre del próximo año debido a que el Náutico no dispone de una concesión sino de una encomienda de gestión es un escollo difícil de superar.

Al respecto, aceptaron que este informe contradice todos los realizados hasta el momento por parte de la Autoridad Portuaria de Balears, que había equiparado la figura de la encomienda de gestión, en desuso desde hace años, a una concesión.

De ahí que los informes sobre la petición del Náutico de prorrogar la actual concesión por un período de doce años, más una ampliación de otros ocho a cambio de la ejecución de mejoras en las instalaciones por un importe de 11,8 millones fueran favorables y la petición aprobada por el consejo de administración de la APB.

Fue cuando se remitió el acuerdo y el proyecto a Puertos del Estado para que este organismo realizara el correspondiente informe preceptivo y vinculante, cuando se exigió que la petición se acompañada de un informe de la Abogacía del Estado. Inicialmente fue solicitado a la delegación de Balears, aunque esta se inhibió a favor de la estatal.

En el caso de que finalmente se mantenga la tesis del informe de la Abogacía del Estado, no se podría prorrogar ni ampliar la concesión, puesto que esta sería inexistente y, en consecuencia, tampoco se podría aprobar el proyecto de ampliación presentado.

En este supuesto, cabría la posibilidad de que, si no se presentara otra propuesta, la petición del Club Náutico de Palma fuera tramitada por el procedimiento de competencia de proyectos.

No obstante, es poco probable que solo se presentara el del Club Náutico, por lo que se debería convocar un concurso público para la gestión de esta zona del puerto, en el que la Autoridad Portuaria de Balears debería redactar las bases y, en consecuencia, diseñar el modelo de gestión (con una componente más empresarial o social) que se pretende. Con el fin de aclarar el alcance del informe de la Abogacía del Estado, tal como se informó en la edición del pasado sábado, el presidente del Real Club Náutico de Palma, Emérico Fuster, tiente previsto acudir mañana, día 10 de marzo, a una reunión en Madrid con el organismo Puertos del Estado, que preside Francisco Toledo. Igualmente, la junta directiva del Náutico prevé convocar en breve una asamblea general para tratar de forma pormenorizada con los socios la problemática que compromete el futuro del Club.