La actual concejala de Infraestructuras fue en el pasado mandato la responsable de Seguridad Ciudadana. Le tocó estar al frente de la Policía Local en plena investigación de los sucesivos casos de corrupción originados en torno al denominado caso Cursach.
¿Qué opina del levantamiento de medidas cautelares y del reingreso de mandos pendientes de ser juzgados a la Policía Local?
Lo único que le voy a decir de mi etapa anterior es que todas las medidas cautelares administrativas que se acordaron fueron ajustadas a derecho y así lo corroboran las sentencias.
¿Y de que se abone a policías pendientes de juicio lo que no cobraron mientras estuvieron suspendidos?
Insisto en que tengo sentencias que dicen que las medidas cautelares administrativas que se impusieron cuando yo fui la responsable de Seguridad Ciudadana son todas ajustadas a derecho. Las medidas de suspensión se impusieron a personas que no podían ejercer en aquel momento porque tenían una orden de alejamiento o estaban en la cárcel. Y lo único que hice, para no caer en la arbitrariedad fue aplicar las medidas cautelares que se habían impuesto con anterioridad por el concejal -Guillem Navarro del Partido Popular.
¿Qué medidas se habían adoptado en tiempos del alcalde Mateo Isern?
La suspensión de empleo y sueldo a los agentes que ahora se han incorporado proviene de la época del PP, de cuando se comenzó a investigar la corrupción en el seno de la Policía Local de Palma a raíz de la copia de unos exámenes de ascenso a suboficiales. Estoy hablando de Llompart, Estarellas, Carlos Tomás y Montesinos, entre otros. A todos estos las medidas cautelares impuestas fueron decididas Navarro y Mateo Isern.
