Diez años ha tenido que esperar la parroquia de la barriada de sa Vileta para conocer el resultado de la demanda que planteó contra el ayuntamiento de Palma. El rector demandó al Institut Municipal d’Esport por haberle devuelto una instalación deportiva en un estado deplorable y por tanto reclamaba una indemnización económica. Los tribunales le han dado la razón a la institución religiosa, que recibirá una indemnización de 150.000 euros, una cantidad que está muy lejos del medio millón de euros que reclamaba de indemnización.
La parroquia de la Purísima Concepción de sa Vileta suscribió un convenio con el ayuntamiento de Palma en el año 1992. Se cedía el uso de las instalaciones deportivas del campo de fútbol conocido como «Hermanos Massot», a cambio de una renta anual de 3.000 euros. Este primer convenio se prolongó durante ocho años y el propio Institut Municipal d’Esports decidió prolongarlo. Se firmó un nuevo documento por el que se establecía que este alquiler se prolongaría durante 30 años, fijando la misma renta anual.
Sin embargo, de pronto el Ayuntamiento dejó de utilizar estas instalaciones. Así, en febrero de 2010, cuando ya llevaba dos años de total abandono del campo de fútbol, Cort decidió denunciar el convenio de colaboración y devolvió la instalación a la parroquia. Cuando entraron los sacerdotes descubrieron el estado de ruina y denunciaron al Ayuntamiento, al entender que era el responsable del mantenimiento del campo de fútbol y de sus instalaciones.
La parroquia contrató a un notario para que diera fe pública del estado de la instalación. El acta notarial reflejaba el completo abandono de las instalaciones. Dentro del recinto aparecieron incluso vehículos abandonados. También las puertas y las ventanas habían sido arrancadas. El terreno de juego era impracticable e incluso dentro se encontró un perro de raza peligrosa.
El Ayuntamiento no quiso saber nada de la reclamación económica que se le exigía, señalando incluso que esta ruina se pudo producir después de la devolución del recinto deportivo. Sin embargo, el tribunal que ha resuelto la demanda confirma que era Cort quien debía asumir la responsabilidad del mantenimiento de esta instalación lúdica.
La Policía confirmó el deterioro
Un año después de que Cort devolviera el campo de fútbol a su propietario, la Policía Local de Palma realizó un informe para determinar el estado de dicha instalación deportiva. El informe oficial confirmaba que la instalación se dejó de utilizar dos años antes de ser devuelta a la parroquia y que era muy posible que durante este corto periodo se hubieran producido los actos de vandálicos, que fueron muy destructivos. El ayuntamiento de Palma siempre se ha negado a asumir la culpa e incluso alegó ante los tribunales que la parroquia no podía demostrar el estado en el que estaba el campo de fútbol cuando se cedió la instalación. Los jueces le recuerdan al Consistorio que era su deber conservar y mantener las instalaciones, y que abandonó esta responsabilidad, por lo que ahora le tocará indemnizar.
