El Ajuntament de Palma ha abonado más de 300.000 euros a dos mandos de la Policía Local, que en breve serán juzgados por corrupción, entre otras cosas, por aceptar invitaciones a mantener relaciones sexuales gratuitas con prostitutas a cambio de beneficiar a un conocido empresario. Este dinero no es una indemnización, sino que es la cantidad que dejaron de percibir durante los meses que estuvieron suspendidos de empleo y sueldo. Cort no ha esperado al resultado del juicio que tienen que afrontar. Se trata del subinspector y jefe de la unidad de los GAP, Carlos Tomás Pico, y el inspector Juan Llompart Lliteras.
No es la única indemnización que se ha pagado a los agentes que estuvieron acusados de corrupción. El Ajuntament les obligó a firmar una declaración jurada, según ha podido confirmar este periódico, en la que se pedía que no estuvieran imputados en la causa principal del caso Cursach, ni en ninguna de sus piezas. Fuentes de Cort justificaron esta decisión de abonar estos atrasos debido a que sobre los policías locales no pesaba ninguna medida cautelar. Sin embargo, no se descarta que Tomás y Llompart hayan mentido a Cort con esta declaración jurada, ya que ambos siguen imputados. Los dos mandos han vuelto al servicio activo, a pesar de las graves acusaciones que pesaban sobre ellos, y han regresado a sus antiguos puestos, desde donde cometieron los presuntos delitos que les imputan.
Tanto Carlos Tomás como Juan Llompart aparecen implicados en la trama corrupta de la Platja de Palma, investigada por el juez Penalva y el exfiscal Subirán. A pesar de los intentos para que esta investigación se anulara, el nuevo juez que lleva el caso considera que hay indicios más que suficientes para llevar a juicio a nueve policías de Palma, a los que acusa de recibir regalos, como bebidas o relaciones sexuales gratuitas, a cambio de proteger al empresario Miguel Pascual, avisándole cada vez que se estuviera preparando una inspección de uno de sus locales. No solo avisaban, sino que los policías también realizaban funciones de seguridad en estos locales. Además de avisar de las inspecciones, según el relato de la fiscalía, también impedían que se tramitaran las denuncias que se presentaban contra estos negocios de ocio.
Estos policías locales están acusados de un delito de cohecho y la fiscalía Anticorrupción reclama penas de cuatro años y medio de cárcel para cada uno.
El caso de Carlos Tomás es especialmente grave. Se trata del actual jefe del GAP, que en estos momentos tiene bajo sus órdenes a algunos policías que declararon contra él. Este mando se enfrenta a dos juicios. También está implicado en la trama Cursach y se solicita contra él casi ocho años de prisión. Sin embargo, estas graves acusaciones no han afectado a su carrera policial. Hace pocas semanas se presentó a las oposiciones para ser mayor de la Policía Local de Palma. Aprobó el primer examen.
Carlos Tomás es el fundador de la asociación que se constituyó para perseguir al juez Penalva y al exfiscal Subirán.
