El ayuntamiento de Palma ha optado por dar la espalda a toda la investigación de corrupción que apunta directamente hacia la Policía Local. Y lo ha hecho restituyendo y colocando en sus antiguos destinos a 17 de los policías que fueron investigados de graves casos de corrupción, por los que muchos de ellos están pendientes de ser juzgados y penden sobre ellos altas penas de cárcel. Es decir, Cort apuesta por recolocar a estos policías a sus antiguos puestos, desde los que supuestamente cometieron los graves delitos como, por ejemplo, avisar de inspecciones o extorsionar a empresarios y exigirles dinero para no molestarles más. Esta decisión la ha adoptado el área de Función Pública, pero la orden dictada el pasado día 21 la firma el actual jefe de la Policía Local, José Luis Carque. Desde hace meses los policías sospechosos han intentado convencer a los responsables políticos de que la mayoría de funcionarios investigados por corrupción han sido exculpados, cuando ello no es cierto. Se les desimputó en la causa principal, pero siguen implicados en las diferentes piezas que el juez Penalva y el fiscal Subirán abrieron para facilitar la celebración de los juicios. Hay otros, en cambio, aunque son pocos, que sí han sido desimputados de forma definitiva por falta de pruebas.
Esta medida del Ayuntamiento afecta a 17 policías. Entre la lista de beneficiados destacan varios nombres. Uno de ellos es el subinspector Bartolomé Capó. Este oficial está acusado de avisar a los grandes empresarios del ocio de la Platja de Palma cuando estaba previsto inspeccionar un local, siendo el jefe de la Patrulla Verde. Además, varios policías afirmaron que siempre estaba en un conocido prostíbulo de la zona, donde mantenía relaciones sexuales gratuitas con prostitutas.
Otros dos nombres destacados en la lista de beneficiados son los policías de la Patrulla Verde, Gabriel Mayol y Josep Mayans. Son numerosos los testigos, todos ellos empresarios, que afirmaron ante el juez que los dos policías les exigían dinero para dejar de inspeccionar sus negocios. Si se negaban a ello, les sometían a constantes inspecciones. Además, también realizaban propuestas sexuales.
Otro de los policías más salpicados por la corrupción es Carlos Vallecillo. Este policía fue condenado por la agresión a un detenido y además se le arrestó por su vinculación con los Ángeles del Infierno. Participaba, según la fiscalía, en el acoso a los empresarios a base de continuas inspecciones. Se le señala también como uno de los agentes que aceptaba invitaciones gratuitas y exigía dinero. También destaca en la lista de beneficiados la presencia del policía Juan Vidal Comas. Además de trabajar como portero en un prostíbulo, era quien avisaba a unos conocidos ladrones las zonas donde se situaban los policías para evitar ser detenidos. Después, presuntamente, se quedaba una parte del botín. Además de regresar a sus antiguos destinos, todos estos policías van a recibir una indemnización por los meses que estuvieron suspendidos.
Por otra parte, Asuntos Internos está analizando un escrito de un policía, que denunció la trama. Este agente se sintió presionado por un comentario de un mando policial, que se quejó de que declarara en su contra ante el juez.
Rechazado un reconocimiento a agentes imputados
El equipo de gobierno municipal rechazó ayer una propuesta de Vox y apoyada por los partidos de la oposición Ciudadanos y PP en la que se solicitaba que el Ayuntamiento hiciera un reconocimiento público a los policías locales y funcionarios que fueron imputados por resolución judicial en distintas causas de corrupción y que finalmente han sido desimputados y retiradas las medidas cautelares que en su día se les impuso. La concejala de Seguridad Ciudadana Joana Maria Adrover, afirmó que el reconocimiento a todos los policías locales se hará en el transcurso de la Diada de la Policía Local y recordó que todas las resoluciones adoptadas se basaban en resoluciones judiciales. En lo que sí estuvo de acuerdo el equipo de gobierno fue en agilizar al máximo la devolución de las cantidades que dejaron de cobrar estos funcionarios mientras estuvieron imputados.
