La Casa Obrera de Mallorca ha puesto en marcha un crowdfunding en internet para afrontar los gastos judiciales derivados de una denuncia del propietario del inmueble, Cajamar, para que lo desalojen. Necesitan tres mil euros para pagar su defensa legal y ayer habían recaudado cerca de 1.900, algo más de la mitad del objetivo.

«Nos han puesto una denuncia por lo penal, hasta ahora no han mostrado ninguna disposición para negociar y el juicio se celebrará próximamente», explicó ayer Selva Belmaña, una de las activistas que a principios del pasado octubre entraron en el inmueble, abandonado desde hacía varios años, para convertirlo en albergue, local social y banco de alimentos.

«Ahora mismo albergamos a una familia que ha sufrido un desahucio. También utilizamos el local como almacén de alimentos; en el último reparto ayudamos a trescientas personas. Necesitamos un local para desarrollar nuestra actividad porque por desgracia en esta isla hay mucha pobreza y miseria y somos necesarios. Pero el Ayuntamiento de Palma no nos ofrece ninguna respuesta cuando le hemos reclamado un espacio en el que seguir ayudando a la gente», criticó Belmaña.

El inmueble, que acogía las antiguas oficinas de Cajamar en la calle Foners, «está abierto a todos los vecinos», subrayó. Una vez se hayan superado las restricciones derivadas de la pandemia, los activistas que gestionan la Casa Obrera de Mallorca prevén habilitar una biblioteca y ofrecer clases de guitarra, inglés, castellano y catalán.

«Solidaridad de los trabajadores»

El crowdfunding está abierto en la popular plataforma GoFundMe. «Cualquiera que quiera y pueda ayudarnos puede encontrarnos en las redes sociales de la Casa Obrera de Mallorca», indicó esta activista. «Denunciados por organizar un banco de alimentos y montar un albergue en Palma de Mallorca. Ayuda a la Casa Obrera con su crowdfunding para poder cubrir los gastos judiciales. Necesitamos la solidaridad de todos los trabajadores», reza el texto de la petición en internet.

Siete miembros de esta entidad sociocultural están denunciados por la vía penal, pero esperan salir airosos en el juicio. Los activistas han protagonizado diversas concentraciones de protesta ante las sede central de Cajamar en Palma, pero hasta ahora no han servido para que la entidad acepte negociar una solución.