En Son Banya quedan unas 90 familias que podrían empezar a recibir las primeras órdenes de desalojo a partir de abril, si se cumplen las previsiones del director general de Bienestar, Joan Antoni Salas, quien comentó ayer que la pandemia y el estado de alarma han retrasado casi un año el plan de erradicación del poblado, al que en este ejercicio se destinarán unos 340.000 euros.
«Ya estamos en condiciones de presentar las demandas y tenemos el proyecto de demolición de obras. Pensamos que en abril podemos tener las primeras sentencias y a partir de ahí podríamos desalojar familias y empezar a derribar viviendas», explicó ayer Salas a este diario.
En la anterior legislatura, las previsiones iniciales de Cort eran haber eliminado Son Banya a finales de 2020. Esa fecha se retrasó hasta 2021 hace tiempo y la pandemia de covid la ha aplazado todavía más. Según este nuevo calendario de actuación, durante este primer semestre de 2020 ya se podrían ejecutar algunos derribos, mientras van llegando el resto de sentencias de desalojo hasta final de año, por lo que en 2022 se seguiría con las demoliciones.
Por cuestiones de seguridad, el censo que Cruz Roja debía hacer en el mismo poblado tampoco se pudo llevar a cabo durante el pasado año y Bienestar ha optado por elaborar un listado de habitantes a partir de la información de la que ya disponían sus técnicos. Según estos datos, Son Banya tiene 350 moradores repartidos en 90 viviendas, una por familia, las mismas contra las que se interpondrán las demandas de desalojo, confirmó Salas.
Acerca de si ha habido un aumento de habitantes desde que finalizó la primera fase de desalojos y derribos, en 2019, el director general aseguró que el dato es «irrelevante» para continuar con el plan de erradicación. «No hay ningún crecimiento importante. Solo nos consta una familia», añadió al respecto.
En cuanto a reconstrucciones de obras demolidas durante la primera fase, a Joan Antoni Salas le constan cuatro y comentó que solo una de ellas era «habitable», ya que las otras son un almacén o se usan para guardar animales. Su derribo estaba previsto el pasado año, pero los graves incidentes que se produjeron en el poblado impidieron la demolición de estas casetas, ya que la Policía aconsejó no intervenir, puntualizó Salas.
Dos años más para erradicarlo por completo
Encontrar viviendas alternativas sigue siendo el gran problema para poder sacar a las familias del poblado. Por tanto, la demolición de barracas (y la desaparición de Son Banya) dependerá de la capacidad del Ayuntamiento para realojar a quienes no tengan más recursos, admitió ayer Joan Antoni Salas, director general de Bienestar del Ayuntamiento. De las 90 familias que aún viven en Son Banya, los técnicos de Bienestar consideran que hay unas 50 que pueden encontrarse sin alternativa y posiblemente se vean obligadas a permanecer más tiempo en el poblado.«Con todo el trabajo realizado, en dos años el proyecto tiene que estar acabado, no tendría sentido de otro modo», puntualizó Salas, quien remarcó que, entre otras cosas, esa tarea está condicionada a garantizar la seguridad de los funcionarios y los trabajadores contratados.
