El ayuntamiento de Palma ha rechazado que la Oficina Antidesahucios amplíe sus objetivos y funciones con el fin de que también preste ayuda y orientación a los perjudicados por la ocupación ilegal de viviendas y, en consecuencia, a cambiar su nombre en consonancia con este nuevo cometido.
La propuesta, presentada por el grupo municipal de Vox en el último pleno municipal y defendida por el concejal Fulgencio Coll, fue apoyada por el PP y Ciudadanos y rechazada por el equipo de gobierno.
La teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, Neus Truyol, argumentó que los propietarios afectados por la ocupación de su vivienda habitual o de una segunda residencia tienen garantizada su desocupación policial «en menos de 48 horas», por lo que no consideraba necesario introducir ningún cambio en el objeto ni en el cometido de la Oficina Antidesahucios, que se centra en dar orientación y asesoramiento a las personas afectadas por un lanzamiento judicial por no poder pagar la hipoteca o el alquiler de su vivienda habitual.
Para Truyol, en relación a la ocupación ilegal de vivienda, «la demagogia de los partidos de derecha sobre la ocupación ilegal de viviendas es pura demagogia y genera un alarmismo que desvía la atención del verdadero problema, consistente en las dificultades cada vez crecientes del acceso a la vivienda».
Alarmismo interesado
Además, la teniente de alcalde aseguró que «este alarmismo interesado» no se corresponde con la realidad que reflejan las cifras por lo que se refiere a los casos de ocupaciones ilegales registrados en la ciudad, puesto que estos «no solo no han subido, sino que han bajado prácticamente a la mitad este último año en relación al año pasado». Al respecto, indicó que a lo largo de 2019 se produjeron un total de 149 ocupaciones ilegales, mientras que a lo largo de 2020 se han producido 89.
Asimismo, recordó que, mientras que está bajando la ocupación ilegal, se incrementan exponencialmente las familias que necesitan ayudas para pagar el alquiler, que esta año han experimentado un incremento del 160% en relación al año pasado. Paralelamente los casos atendidos por la oficina antidesahucios a lo largo del año pasado fueron de 685 personas, mientras que el pasado mes de noviembre ya se habían atendido a 916.
Situación dramática
Por ello, manifestó que «la situación es dramática», por lo que «es preciso que se adopten soluciones drásticas» como la limitación del precio del alquiler por parte del Gobierno central y otras como la paralización de los desahucios por motivos económicos a familias vulnerables.
Paralelamente a esta situación, Truyol recordó que en los últimos cinco años el precio del alquiler en Palma se ha incrementado en más del 50%, uno de los mayores aumentos experimentados en España, y que éste no ha descendido significativamente pese a la crisis generada por la covid-19.
Por su parte, tanto los concejales de Vox, Fulgencio Coll, Montse Oliveras, del PP, y Josep Lluís Bauzá, de Ciudadanos, pusieron en duda de que una vivienda ocupada sea desalojada en el plazo de 48 horas por la Policía, tal como marca la Ley, tanto si se traga de la vivienda habitual como de una segunda residencia.
La concejala Oliveras recordó que, si la Policía no desocupa la vivienda en este plazo y se debe acudir a la vía judicial se inicia un proceso «que puede durar años».
