Una comunidad de vecinos de Palma denuncia la «impunidad» de una propietaria que lleva alquilando su piso a turistas de manera ilegal desde hace cerca de tres años, según denuncian. La vivienda está en el radar del Govern, que en su día levantó acta con una propuesta de sanción de 20.000 euros. Sin embargo, la comunidad asegura que ha recurrido la multa y mientras tanto sigue «provocando molestias y ruidos», afirma Vicente González, administrador de esta finca.
El anuncio está activo en Airbnb, portal que no filtra los alquileres ilegales. El piso, en El Terreno, se alquila por cantidades que van desde los 56 euros por noche este invierno hasta los 165 euros que demanda en julio. El incremento es notable en temporada alta cuando, además, exige un alquiler mínimo de cinco noches. La vivienda tiene dos habitaciones y «capacidad para cuatro huéspedes».
El trasiego de turistas desde hace cerca de tres años —en el anuncio hay críticas de huéspedes desde enero de 2018— ha exasperado a la comunidad de vecinos. «Nosotros administramos la finca desde hace algo más de un año, pero el problema de este alquiler ilegal viene de lejos. Lo hemos denunciado a la conselleria de Turismo en repetidas ocasiones, pero no hay ningún cambio», destaca González, de Servifincas.
Reincidencia
La respuesta de la propietaria a la crítica de uno de los turistas que pernoctó en el piso en septiembre es reveladora. «El apartamento es nuevo y estupendo, y la piscina es una maravilla. El único problema es la relación con los vecinos», se quejó el huésped en Airbnb. «Realmente el problema fue que estabais haciendo ruido a las 02:00 de la mañana. El apartamento no es un hotel y no está en medio del campo. Normal que tuvierais problemas con los vecinos, suerte que no llamaron a la policía», se delató la anfitriona.
Los propietarios sancionados pueden recurrir ante la propia administración o acudir a la justicia. Lo que resulta más infrecuente es la reincidencia; continuar con la actividad ilegal mientras la multa está pendiente de resolución. De este modo, la sanción de 20.000 euros, todavía pendiente de confirmar, se vería incrementada significativamente en caso de que hubiera una nueva actuación inspectora.
La propietaria advierte en su anuncio de que «no se admiten fiestas o eventos». Y reclama «ser discreto» y «no molestar a los vecinos». Por lo demás, el alquiler incluye acceso a la piscina y jardines comunitarios, además de brindar a los turistas «todas las comodidades que necesita para una estancia inolvidable en esta increíble y única ciudad mediterránea, Palma de Mallorca».
Precisamente Palma prohíbe el alquiler vacacional en pisos desde 2018. El municipio solo permite la actividad vacacional en chalets o viviendas unifamiliares, por lo que las infracciones se focalizan en los edificios plurifamiliares.
El Govern ha puesto multas por valor de más de cuatro millones de euros desde que aprobó una nueva normativa en 2018. Los inspectores de Turismo levantaron un total 269 expedientes sancionadores. En 2018, único año del que hay datos, pagaron la multa siete de cada diez expedientados. El resto fue exonerado, bien por la justicia ordinaria o por la propia administración.
Covid
El alquiler turístico ilegal ha perdido fuelle durante un año en el que la llegada de turistas a las islas ha tocado fondo, al tiempo que se ha convertido en una actividad de riesgo por la pandemia. El riesgo de brotes aumenta cuando la actividad se ejerce al margen de la normativa y la aplicación de medidas higiénicas y sanitarias para prevenir contagios depende únicamente de la voluntad del propietario. El alquiler turístico ilegal de El Terreno «se ha comprometido a seguir el proceso de limpieza avanzada en cinco pasos de Airbnb», se indica en el anuncio del piso. Ese «compromiso» significa que, en teoría, la propietaria garantiza «limpiar a conciencia» el apartamento una vez se han marchado los turistas», indica la web.
