Más de 200 plazas turísticas en tres albergues juveniles de Palma tendrán que cerrar debido a que están incumpliendo la normativa. Este tipo de hostales, conocidos como youth hostels, tienen unos requisitos específicos para poder operar, ya que en teoría no son alojamientos vacacionales y, por lo tanto, no pagan ni el impuesto turístico ni la compra de plazas obsoletas. Sin embargo, los tres cuya orden de cese de actividad ha dictado la dirección insular de Juventud del Consell no cumplen condiciones tales como contar con un proyecto educativo, unas dimensiones concretas y espacios compartidos –entre ellos cocina y habitaciones–, no anunciarse en plataformas de comercialización turística y alojar solo a menores de 30 años o visitantes con el carnet oficial de alberguista.
Los infractores son New Age Hostel, con 91 plazas, New Art Hostel, con 80, y Hostel Cantina Bar Juan, que suma otras 44. El primero se encuentra en el Secar de la Real, el segundo está en el barrio de Foners y el tercero, en Camp d’en Serralta. Los dueños de los alojamientos recibieron la pertinente notificación previa y presentaron recursos, aunque fueron desestimados, por lo que tras la resolución del Consell, los expedientes han sido trasladados a la conselleria de Turismo del Govern balear. Si quieren seguir abiertos, deberán realizar todos los trámites desde el principio, como la adquisición de plazas (cada una cuesta 3.500 euros) y la presentación de la Declaración Responsable de Inicio de la Actividad Turística (DRIAT).
A partir de ahora, el servicio de Ordenación Turística analizará los casos tras la entrada de dichas notificaciones por registro. Una ha llegado en los últimos días y las demás pueden estar en trámite, según confirmaron ayer fuentes de la Conselleria. Mientras tanto, a pesar de la resolución del cese de actividad, los tres albergues se siguen anunciando por internet en plataformas turísticas. Una de las denuncias llegó al Consell a través de la Federación Balear de Albergues, tal como señaló ayer su presidente, Miquel Oliver, por «competencia desleal»; y los otros dos albergues infractores, los más grandes, fueron inspeccionados por los técnicos del área de Juventud de la institución insular, que desde hace dos años asume las competencias en esta materia. Por tanto, entre otras tareas, son los responsables de controlar y realizar un seguimiento de todas las instalaciones juveniles, entre las que están los siete albergues contabilizados en Ciutat.
Si quieren ejercer la actividad turística, tendrán que pagar 3.500 euros por plaza, entre otros requisitos
Polémico cambio de uso
Por otra parte, la Federación de Asociaciones de Vecinos denunció en abril la autorización de un cambio de uso por parte de Cort para abrir un albergue juvenil de 294 plazas en un edificio abandonado de la calle Son Pontivic. Su presidente, Joan Forteza, puso de relieve el fin turístico que tendrá el proyecto y que el expediente se comenzó a tramitar durante la moratoria de licencias de obra para hoteles en el casco antiguo y la primera corona del Eixample, es decir, donde está el inmueble. El uso anterior era industrial y la Gerencia de Urbanismo permitió el cambio a residencial, con el que tienen cabida los albergues juveniles. El Ayuntamiento también concedió la licencia de obra para iniciar la reforma, debido a que el proyecto cuenta con los informes técnicos preceptivos favorables, pero ha sido modificado desde que se presentó inicialmente, ya que pasó de 482 plazas a las 294 actuales en 43 dormitorios.
