El ayuntamiento de Palma va a permitir que uno de los policías locales más salpicados por la trama de corrupción, pueda optar a un ascenso para quedarse en propiedad una plaza de mayor, es decir, puede ocupar una de las mayores categorías dentro del organigrama de San Fernando.

Se trata de Carlos Tomás, un oficial que estuvo en prisión acusado de graves delitos derivados de ofrecer un trato de favor a empresarios del sector del ocio de la Platja de Palma, a cambio de un beneficio económico. Su nombre figura en el escrito de acusación que ha presentado la fiscalía y será juzgado por corrupción. Se le piden más de ocho años de cárcel. A pesar de estos antecedentes su nombre figura entre los tres únicos policías locales que han sido admitidos para optar en propiedad a una plaza de mayor. Si bien el Ayuntamiento solo ofrece una plaza de mayor, debido a la falta de mandos, se da por hecho que los dos aspirantes que no ganen la oposición también ejercerán este cargo en comisión de servicios. La convocatoria para la primera prueba de esta oposición se celebrará el próximo día 15 de diciembre. Pese a que estuvo en prisión, Carlos Tomás fue readmitido a su antiguo puesto de trabajo, y en estos momentos es subinspector de los Gap.

Esta extraña situación ha sido posible gracias a la negociación que ha mantenido el departamento de Función Pública de Cort con los representantes de los sindicatos que tienen representación en el ayuntamiento de Palma. El acuerdo que establecieron ambas partes fue que este proceso de oposición sería interno, es decir, se limitaba el acceso a la categoría de mayor a personas que no pertenecían a la Policía Local de Palma, como se había hecho en otras convocadas. De hecho, Cort mantiene congeladas, sin que se conozcan las razones de esta decisión, unas oposiciones a plaza de subinspector, convocadas en la anterior legislatura, en las que se podía presentar cualquier policía local de Mallorca que dispusiera de la titulación suficiente.

Sin embargo, el acuerdo entre el Ayuntamiento y los sindicatos limitó este acceso para ocupar estas plazas en la escala ejecutiva de la Policía Local. Se acordó que solo optar a la plaza de mayor los policías que fueran funcionarios de carrera, que estuvieran en la escala inferior y que tuvieran dos años de experiencia. Es decir, de esta forma se reducía el acceso a la oposición, ya que la plaza sería ocupada solo por una persona que ya estuviera en la Policía Local de Palma, imposibilitando que se presentara otro funcionario ajeno a este cuerpo. Además, se impedía el acceso de alguna mujer, ya que ninguna contaba con la titulación y experiencia necesaria para optar a mayor.

Se da la circunstancia, además, que uno de los negociadores en nombre de un sindicato también es uno de los funcionarios beneficiados en esta negociación. Se trata de Guillem Mascaró, quien también fue imputado por la trama corrupta. El hecho de que negocie las condiciones de una oposición y, al mismo tiempo se beneficie del acuerdo alcanzado con Cort, ha sido criticado a nivel interno, dado que se considera poco ético que un sindicalista negocie un tema por el que se beneficia.

Pero no es la única oposición cuya legalidad se está cuestionando. Cort convocó 101 plazas para ser policía local en Palma. Del número de aspirantes que aprobó la prueba no se logró alcanzar esta cifra. Algunos de los opositores que suspendieron acudieron al tribunal para que sus exámenes fueran revisados. Y gracias a esta gestión lograron que el tribunal modificara el criterio de puntuación, subiendo la nota únicamente a los opositores que fueron a protestar. El resto de alumnos no se ha beneficiado de esta decisión. Los opositores que se han visto fuera de la lista de aprobados está estudiando la posibilidad de denunciar esta actuación ante los tribunales, ya que consideran ilegal que se apliquen distintos criterios a la hora de valorar los exámenes.

Seguridad Ciudadana se desmarca

Este periódico intentó conocer la oposición de la concejala de Seguridad Ciudadana, Joana Adrover. Sin embargo, se limitó a transmitir, a través de su portavoz de comunicación, un mensaje en el que señalaba que el procedimiento de oposiciones dependía de Función Pública. Sin embargo, además de mostrar el máximo respecto al procedimiento de oposición, se insistió en que se había tratado de un trabajo profesional y transparente.