Seis trabajadores de Emaya han reconocido ante la jueza que aportaron títulos falsificados de catalán en una prueba de selección de la empresa municipal. Los acusados han declarado como imputados esta semana ante la magistrada del juzgado de instrucción número 3 de Palma, que investiga el caso. Todos han admitido que en una convocatoria para obtener una plaza entregaron certificados fraudulentos, alegando en la mayoría de los casos que estaban en una precaria situación económica y necesitaban el puesto. Los sospechosos fueron expedientados y despedidos cuando se descubrió el fraude a raíz de una denuncia a la Fiscalía y la posterior investigación de la Guardia Civil.
Los hechos se remontan al año 2017, cuando Emaya convocó una bolsa de trabajadores para puestos de peón. Uno de los requisitos para obtener la plaza era estar en posesión del certificado A2 de catalán. Los sospechosos entregaron certificados fraudulentos durante el proceso de selección para aparentar que cumplían esta condición. En algunos casos, se trataba de falsificaciones muy burdas, elaboradas con documentos obtenidos en Internet y luego manipulados.
El fraude fue detectado al año siguiente, cuando la fiscalía recibió las primeras denuncias y la Guardia Civil puso en marcha una investigación. La dirección general de Política Lingüística examinó los documentos y confirmó que eran fraudulentos. Los agentes sospechaban inicialmente que tras esta falsificaciones había toda una trama organizada y que esta práctica era habitual en Emaya. Las pesquisas, sin embargo, no han permitido demostrar por el momento este extremo. Aparentemente, se trata de casos sin conexión entre ellos.
La magistrada Martina Mora mantiene imputadas a ocho personas por estas falsificaciones. Seis de ellas han prestado declaración esta semana ante la jueza en calidad de investigados y han reconocido los hechos. Están acusados de un delito de falsedad en documento oficial.
