Las placas solares tienen que estar en las cubiertas de las naves de los polígonos industriales de Palma y en las azoteas de centros comerciales y otros edificios en suelo urbano, a excepción de los tejados del casco antiguo, pero no en el suelo rústico que queda en la ciudad. Lo dicen la Federación de Asociaciones de Vecinos, la asociación proteccionista ARCA y el grupo ecologista GOB tras la publicación ayer en este diario de los cuatro proyectos en marcha para instalar plantas fotovoltaicas en 130.000 metros cuadrados de terrenos rurales en el entorno de la capital balear, con casi 70.000 paneles solares en total.
La entidad vecinal se mostró «totalmente en contra de estos desarrollos energéticos debido a su impacto visual negativo para la ciudad y dada su proximidad a las zonas residenciales», ya que los futuros parques se encuentran entre el Molinar y Ciutat Jardí, en es Pil·larí, sa Indioteria Rural y cerca de s’Hostalot. El presidente de la Federación, Joan Forteza, considera que «el Govern tendría que crear reservas estratégicas de suelo consensuadas con los ayuntamiento [en este caso sería Cort] y entidades ciudadanas para la ubicación de las instalaciones, ya que de ninguna manera pueden depender solo de la voluntad de multinacionales como Enel», dijo en referencia a la promotora del proyecto del Molinar (Son Juny) y s’Hostalot (Son Orlandis).
En la misma línea expuso su opinión la portavoz del GOB, Margalida Ramis, ya que reclamó «una planificación energética con la que la administración pueda poner impedimentos en el suelo rústico». Como ejemplo, citó la urgencia de crear los dos parques agrarios previstos en Palma, en el Pla de Sant Jordi y la zona Nord, porque si no están protegidos, «para una gran empresa es más fácil especular con parcelas de suelo rústico que instalando las plantas fotovoltaicas en terreno clasificado como industrial». «Si no hay planificación –reiteró–, la iniciativa privada nunca invertirá en un polígono», debido al coste y las mayores dificultades.
Patrimonio paisajístico
En vez de poner trabas, el Govern las redujo el pasado verano con el polémico decreto de reactivación económica, muy criticado tanto por el GOB como por la entidad proteccionista ARCA. Su portavoz, Àngels Fermoselle, afirmó ayer sobre los cuatro proyectos en Palma que «no se puede dar un tratamiento industrial al suelo rústico si queremos conservar el valioso patrimonio paisajístico de la ciudad». ARCA rechaza «que la expansión fotovoltaica tenga que ser ocupando espacios rurales y agrarios» y exige su implantación en suelo urbano, dado el impacto visual que provocarán los miles de paneles solares previstos.
El Molinar pide explicaciones al Govern
La asociación de vecinos es Born del Molinar solicitará una reunión con la conselleria de Transición Energética para que ofrezca «una explicación clara y directa sobre el proyecto» de la planta fotovoltaica con más de 7.000 paneles solares prevista entre este barrio y Ciutat Jardí. Sus dimensiones son similares al parque de Son Corcó, en el pueblo de Consell, que mide casi tres hectáreas.
El presidente de la entidad vecinal, Miquel Obrador, está «en principio a favor de este tipo de instalaciones positivas para el medio ambiente, pero hay que ponerlas en lugares adecuados, que no perjudiquen a los residentes». La asociación de vecinos de es Pil·larí, otra de las zonas con un proyecto en tramitación, desconocía que en la finca de Son Sunyer se prevén alrededor de 30.000 paneles fotovoltaicos. r.g. palma
