La pandemia provocada por la covid-19 y la consiguiente crisis económica que ha generado ha provocado que en lo que llevamos de año la oficina antideshahucios del Ayuntamiento de Palma haya prácticamente duplicado los expedientes relacionados con el impago del alquiler. Pese a lo anterior, esta oficina municipal creada en 2015 consigue parar dos de cada tres lanzamientos aprobados por los juzgados pese "a la nula responsabilidad de bancos y fondos buitre", en palabras de la teniente de acalde de Modelo de Ciudad, Neus Truyol.

Desde su creación la oficina antidesahucios ha tramitado un total de 4.500 expedientes, con una media de entrada de unos 400 anuales. No obstante, a lo largo del presente año este número se ha prácticamente multiplicado por dos. De hecho, en estos momentos la oficina atiende a un total de 327 casos no resueltos, de los cuáles 208 están relacionados con el impago del alquiler (un 64% del total) y el resto con el de hipotecas. Lo anterior supone que en los últimos años y, en especial a lo largo de 2020, se han incrementado los casos derivados del impago de los alquileres, mientras que los hipotecarios, que en 2015 eran mayoritarios, van descendiendo. La teniente de alcalde relaciona esta situación de precariedad con el hecho de que en los últimos cinco años el precio de los alquileres en Palma se ha incrementado en un 5O% de ahí la necesidad de que, desde el Gobierno central se aprueben los instrumentos legales necesarios para poner fin a esta situación.

Los expedientes derivados del impago de hipotecas tramitados por la oficina antidesahucios en 2016 fueron de 286, mientras que en lo que llevamos de 2020 son 102, un tercio de la cifra anterior, lo que pone de manifiesto la progresiva disminución de los expedientes derivados del impago de las hipotecas.

La labor de intermediación y la elaboración de informes de vulnerabilidad por parte de la oficina ha conseguido parar dos de cada tres lanzamientos aprobados por los juzgados. Al respecto Truyol ha manifestado que el tercer lanzamiento que no se consigue parar suele coincidir con la segunda o tercera orden de lanzamiento dictada por el juzgado.

Truyol ha advertido que los próximos meses "vamos a vivir situaciones dramáticas" si no se consigue que desde el Gobierno central se paren los lanzamientos al menos mientras dure la situación de crisis económica puesto que entre noviembre, diciembre y enero hay programados un lanzamiento cada dos días. En estos momentos la oficina antidesahucios tiene constancia de que en los próximos cinco meses se producirán 54.

La teniente de alcalde ha denunciado también "la baja responsabilidad de bancos y fondos buitre", puesto que en 2015 se les solicitó desde la oficina un total de 365 viviendas en alquiler social y solo se concedieron 139, lo que representa el 37% de los casos. En 2016 se pidieron 61 y se concedieron 2. Por ello, ha insistido en la necesidad de que, además de suspender los lanzamientos mientras dure la crisis, es preciso que "se obligue legalmente" a los grandes tenedores a que pongan a disposición de las administraciones los pisos vacíos para su alquiler social, limitar los precios de los alquileres y permitir a los ayuntamientos gravar el IBI a las viviendas vacías, además de agilizar la tramitación del ingreso mínimo vital.