Julio Díaz, de 84 años y con un cáncer terminal, no sabe qué va a suceder hoy. Tiene también una demencia senil que le impide darse cuenta de que hoy se va a quedar sin su casa del Rafal, pese a que Àngela Pons, la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, se lo ha explicado con delicadeza. Heredó de su madre la planta baja de la calle Taronger número 34A y, «cuando ya debía de estar mal, avaló a una señora que pidió un préstamo y luego desapareció sin dejar rastro», tal como relata la presidenta de la PAH. «El préstamo era de 59.000 euros y la devolución superaba los 83.000, es decir, claramente usurero», añade Diego Costa, el abogado que lleva el dramático caso. Como Julio no lo pagó, la casa salió a subasta y ahora tiene «unos 92.000 euros en el banco» y un pie en la calle, si la compasión no lo impide.

«Solo pedimos humanidad, que la comisión judicial paralice el desahucio durante 15 o 30 días para buscarle una residencia y ayuda asistencial, ya que aún no han venido a verle de Servicios Sociales», suplica Pons. Desde el juzgado alegan que la ejecución ya fue aplazada más de una vez, «porque se presentaron recursos y nulidades», detalla Costa, quien asumió este proceso cuando se encontraba muy avanzado. Está intentando «hacer entender al juez que se trata de una situación de extrema vulnerabilidad. No ha tomado en consideración que el afectado tiene 84 años con una enfermedad terminal, por lo que le hemos solicitado que envíe al forense para comprobarlo», tal como afirma el abogado.

Confía en poder «reconducir el problema tras una tramitación judicial que no se ha realizado de forma correcta», aunque quedan pocas horas antes de que Julio Díaz reciba una visita que jamás llegará a comprender.