La Torre Mallorca, enclavada entre las calles General Riera y Via Alemanya, sigue siendo uno de los edificios más imponentes de Palma, uno de los primeros rascacielos locales, cuya construcción fue polémica desde que el ayuntamiento de Palma declarara el proyecto como «singular» a finales de los 60. Ahora, se cumplen 50 años de una sentencia del Tribunal Supremo que declaró ilegal la decisión de Urbanismo de otorgar esa singularidad, todo un precedente jurídico que obligó a eliminar las dos plantas superiores pese a que ya se habían levantado.
El 29 de octubre de 1970 este diario publicaba como “noticia bomba” que una sentencia del Supremo dejaba sin efecto la autorización municipal para construir como edificio “singular” la Torre Mallorca, una mole de 22 plantas. La declaración de singular había permitido construir muy por encima de lo autorizado por el Plan General, que además estaba siendo revisado por entonces. Este fallo judicial llegaba tras la desestimación de recursos presentados por particulares y revocaba el dictamen de la Audiencia Provincial que había avalado la actuación del Ayuntamiento.
Contenido del fallo
El Supremo remarcaba la falta de criterios técnicos sobre la «deseabilidad» de la erección de ese edificio. Los arquitectos peritos nombrados en la causa opinaron que «el proyectado edificio singular no aporta mejora alguna» y sí algún inconveniente de tipo urbanístico, como la inconcreción de a qué se destinarían ciertos elementos. También discreparon sobre los volúmenes edificables que no se ajustaban a las ordenanzas municipales.
Varios años antes, el 10 de noviembre de 1967, el pleno municipal había aprobado el proyecto de edificio singular, con dos sótanos, 20 plantas y 90 viviendas, que sería el «más alto de Palma», como explicó el regidor de Obras y Vías, Jaime Riera. Su construcción estaba condicionada a la creación de un aparcamiento público subterráneo. La constructora, además, ofrecía un local de 150 metros cuadrados al Ayuntamiento para que allí instalase una biblioteca en un plazo de cinco años. Tras la discusión, se aprobó dejando abierta la posibilidad de dar otro uso a ese espacio.
En julio de 1973 se ejecutaba la orden de rebajar la altura de la torre de viviendas de Promotora Mallorquina S.A., presupuestada en unos 100 millones de pesetas. Catalina Salas y la empresa Mizar S.A., que habían recurrido los acuerdos del Ayuntamiento para autorizar la construcción del edificio singular y llegaron a apelar al Supremo, exigieron el cumplimiento de la sentencia. Finalmente, la torre se quedó en 60 metros de altura, diez menos de los inicialmente proyectados, y actualmente cuenta con 16 pisos, más la planta baja, sótano y azotea.
Polémica entre Diario de Mallorca y Urbanismo
«¿Qué criterios aconsejan esta edificación? ¿Qué imperiosas necesidades de «utilidad social» empujan al Consistorio a permitir la excepción? ¿Por qué se concede la singularidad a unos sí y a otros no?», se preguntaba este diario en noviembre de 1967 en el artículo «Punto de vista», tras aprobarse el proyecto de este edificio singular. Que se cuestionara la «política urbanística singular» del Ayuntamiento no sentó nada bien al teniente de alcalde de Obras Particulares, Jaime Riera, quien atacó a este diario en un pleno municipal, dando pie a una larga polémica.
