Nuevo tirón de orejas de la Defensora de la Ciudadanía, Anna Moilanen, a una actuación administrativa municipal. En esta ocasión la Defensora ha analizado el expediente que afecta al menor que padece una discapacidad Óscar Kácper y su familia y ha dictaminado que fue agraviado por la actuación municipal y sus derechos conculcados, al no incluirlo en el listado para la adjudicación de una vivienda municipal adaptada, a lo que tenía derecho.

La Defensora ha analizado el expediente de este menor, que en breve va a ser sometido a una nueva intervención quirúrgica, y si bien asegura que las primeras actuaciones municipales fueron correctas, “la imposibilidad de resolver con éxito una mediación afectada por una cantidad aproximada de 3.000 euros y la exclusión del fondo municipal de viviendas sociales por la confusa aplicación del concepto de insolvencia sobrevenida basada en hechos no acreditados”, conduce a Moilanen a determinar la existencia de  “motivos de agravio” causados por actuaciones municipales.

Desde diciembre del año pasado la situación habitacional de la familia, que fue desahuciada de su vivienda habitual “es absolutamente precaria ya que vive en una habitación prestada por conocidos.  

Pese a ello, el Ayuntamiento, ha ha vulnerado el derecho a esta familia a ser candidata a la adjudicación de una vivienda del fondo municipal, con el agravio añadido de que en enero se adjudicó a otra familia una vivienda adaptada a la que no pudo aspirar la familia de Óscar por la “exclusión de su candidatura”.

La resolución de la Defensora, dada a conocer ayer en la comisión previa al pleno de Derechos de la Ciudadanía, se acompaña de una serie de recomendaciones como la adopción por parte de las áreas competentes de la medidas necesarias para la recogida documental de las actuaciones municipales. También se recomienda la “reinclusión” de la familia de Óscar en el fondo de viviendas sociales municipales y, si cabe, “la compensación por su exclusión”.

Igualmente, reclama que se revisen los documentos emitidos por la comisión técnica de información y adjudicación de viviendas del fondo social “al observar deficiencias graves en su contenido como la falta de identificación y firma de los documentos emitidos, así como al falta de la posibilidad de recurrir sus resoluciones”.

De igual forma, reclama la preferencia y agilidad para el acceso a la información por parte de su departamento, la necesidad de que las distintas administraciones se coordinen, además de la necesidad de proceder a la revisión del protocolo de actuación.