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Crisis del coronavirus

El conflictivo parque Wifi

Cort tiene sobre la mesa una denuncia y casi 400 firmas que reclaman una solución

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Vecinos del parque Wifi denuncian que continúan haciendo botellones Manu Mielniezuk

A las seis de la mañana de un día cualquiera, este mismo mes, las voces que provienen del parque Wifi despiertan a los vecinos. Tres chicos se encaran con quien les llama la atención desde un balcón y le retan a bajar y enfrentarse a ellos. Es algo a lo que aún no se han acostumbrado, o no quieren resignarse, quienes viven frente a esta zona supuestamente verde y diseñada para disfrute de jóvenes y familias. 

La realidad es que, según cuentan los afectados, los padres no llevan a sus hijos allí a determinadas horas, que las botellas y latas de cervezas vacías acumuladas en el suelo o rebosando de las papeleras forman parte del paisaje habitual, y que las pistas deportivas, como la que inauguró la Fundación Johan Cruiff a finales de julio, no son de libre acceso, sino que están controladas por bandas organizadas que cobran por su uso y realizan apuestas. De noche, grupos de jóvenes hacen totalmente suyo este espacio. Hay gritos, peleas, agresiones, tráfico y consumo de drogas, de alcohol... Ni mascarillas ni grupos reducidos, y en un lugar que debería estar vacío desde las nueve de la noche. 

Peleas, botellones y consumo de drogas en el parque Wifi

Peleas, botellones y consumo de drogas en el parque Wifi

El parque Wifi, antes conocido como parque de la Guardia Civil, por estar justo enfrente de la Comandancia General, acumula años de conflictividad, pero los vecinos aseguran que ahora “es mucho más grave”. Cuentan con numerosos vídeos y fotografías que respaldan sus denuncias y sus centenares de quejas al 010. La razón es “la llegada de gente inadaptada, no quiero señalar nacionalidades ni etnias, porque hay quien se adapta perfectamente a las normas y hay quien no, que piensa que está en la selva y no podemos permitirlo”. Quien así habla es José Manuel Alcantud, el vecino que se ha convertido en portavoz de las casi 400 personas que han reclamado una solución al Ayuntamiento. 

“Muchos vecinos han podido observar a menores realizando actos sexuales con personas mayores, desconociendo si están voluntariamente o prostituyéndose, por lo que son menores en situación de riesgo a los que se debe proteger evitando así que se aprovechen de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. Por ello hacemos hincapié en trabajar desde la prevención en el ámbito social”, expone la denuncia presentada el pasado 14 de agosto.

La Policía Local asegura que el parque Wifi es un “punto conflictivo”, como lo son otros parques de la ciudad, en los que se producen “problemas de convivencia” y que estos solo se resolverían destinando allí a siete u ocho policías de forma permanente, cosa que hoy no es viable, teniendo en cuenta el número de agentes y las competencias que asumen.

Ángel García, portavoz del cuerpo, considera que el cierre de bares y del ocio nocturno ha contribuido a agravar lo que pasa en el parque Wifi, que se ha convertido en lugar de reunión de jóvenes que producen molestias y donde se reúnen “pandillas que cobran por utilizar las pistas, beben, hacen carreras de coches...”.

“Desde que acabó el confinamiento, hemos incrementado la vigilancia dentro de nuestras posibilidades, no tiene que ser una excusa la falta de personal, hacemos lo que podemos”, añade García, quien asegura que el GAP, el grupo de actuación preventiva, acude cada día al parque y en algunas ocasiones hasta dos veces en una misma jornada.

Hartazgo de los residentes

Los vecinos afirman lo contrario. El detonante de su hartazgo fue la agresión de un grupo de chicas a la hija de un guardia civil. En ese momento, José Manuel Alcantud se decidió hacer algo. En dos días, consiguió 387 firmas y recabó información para presentar la denuncia ante el Ayuntamiento, en la que, entre otras cosas, reclama que el parque Wifi sea vallado tal como se acordó en un pleno municipal en 2017. La condición era que se haría cuando hubiera presupuesto.

En la denuncia, también se pedía la desconexión del wifi durante las noches, para disuadir a los grupos que se reúnen allí. Esta medida ya se ha tomado desde hace días, en parte por la reclamación vecinal y en parte por evitar aglomeraciones en tiempos de covid, reconoce la regidora de Seguridad Ciudadana, Joana Maria Adrover, quien en estos momentos no ofrece mucha más información sobre qué hará el Ayuntamiento en este lugar. 

El vallado del parque, también exigido en informes policiales, sigue pendiente de encontrar financiación y desde Cort no se habla siquiera de plazos posibles para que ese cerramiento se instale, aunque sí se remarca que no será “de manera rápida”. Adrover asegura que la presencia policial se ha incrementado y que los agentes siguen yendo al parque, donde este año se han levantado 555 actas por ruido, consumo de alcohol, agresiones y peleas.

Sobre si lo que ocurre en el Parque Wifi se ha compartido con otras áreas municipales en los últimos días o desde que los vecinos han presentado su queja, Adrover asegura que en el Ayuntamiento son “muy conscientes de la problemática” y que “si solo se actúa a través de la Policía Local, no estamos dando solución”.

Alcantud se muestra decidido a seguir reivindicando una solución e incluso a acabar poniendo una reclamación al Ayuntamiento por responsabilidad patrimonial o exigir medidas penales.

“Hay que conseguir que el Ayuntamiento haga algo, que no nos ha atendido ni se ha dignado a contestar, y eso que somos 400 vecinos”, afirma Alcantud, quien se ha convertido en representante vecinal “porque no hay nadie que luche” y porque otros “tienen miedo”, o incluso para evitar que algún vecino sobrepasado ya por la situación se tome la justicia por su cuenta.

Sobre este asunto, la regidora alega que desconoce quién ha interpuesto la denuncia, que no ha llegado a sus manos, pero que su agenda “está abierta” si le solicitan una reunión.

Aunque José Manuel Alcantud se queje de que nadie se ha movilizado en el barrio, existe desde hace 40 años la asociación vecinal Nou Llevant. “Nosotros hemos protestado al Ayuntamiento y a la Policía Local lo que pasa es que hacen oídos sordos”, alega María Cruz, secretaria de esta organización. “La situación es la misma que hace años, ha cambiado el tipo de gente”, sostiene esta vecina, quien asegura que desde que se construyó el campo de fútbol de la Fundación Cruiff, “el atractivo aún es mayor y ha traído más complicaciones”.

Cruz afirma que la gente que frecuenta el parque en los últimos años son “super agresivos, les dices cualquier cosa y se te encaran”.

Ella recuerda que en 2003, el Ayuntamiento les prometió vallar el parque “en condiciones”. Finalmente, se cerró el descampado frente a la Guardia Civil, “que parece un gallinero” y cuya verja está forzada o rota en diferentes puntos. Esta zona debía ser una segunda fase del parque Krekovic, que cuenta con un muro que lo cierra y así se ha reclamado a los alcaldes que ha tenido Palma desde Catalina Cirer, asegura Cruz. “Ahora sorprende que Hila diga que está buscando sponsors para vallar el parque ¿Qué va a hacer? ¿Poner una valla de Coca-Cola? ¡Clama al cielo!”, se indigna la secretaria de Nou Llevant.

ZONA PROBLEMÁTICA

Tanto María Cruz como José Manuel Alcantud vivían aquí cuando el parque, a principios de los años 2000, se convirtió en punto de reunión y celebración de la comunicad ecuatoriana, que utilizaba este espacio durante horas y que, debido a la ingesta de alcohol de algunos de los participantes, solía ser escenario de incidentes. 

En 2002, Ayuntamiento, representantes de los ciudadanos ecuatorianos y Policía Local llegaron a un acuerdo para limitar sus fiestas a solo los sábados y prohibieron la venta ambulante. 

Aquellos eran problemas de convivencia debido a los “usos sociales” que los ecuatorianos no entendían como molestos para el resto del barrio; allí se organizaban fiestas, tómbolas, partidos... Hasta que se desplazaron a otra zona más apartada.

En 2004 se comenzó con la construcción del actual parque y en 2007 se puso en marcha el proyecto de wifi gratuito.

Paralelamente, los incidentes seguían sucediéndose. En mayo de 2009 se produjo una reyerta multitudinaria, cuando 300 personas rodearon a una dotación de la Policía Nacional y fue necesaria la intervención de más agentes, de la Policía local y de la Guardia Civil. 

En enero de 2019 fue apuñalado un menor por un joven de 25 años, que fue detenido. En octubre, otros tres detenidos por apuñalar a otro joven.

El pasado agosto, la Policía detuvo a cuatro hombres acusados de abusar de una menor y agredir a sus familiares. En el mismo mes, la hija de un guardia civil fue agredida por un grupo de chicas.

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