Esta semana se cumplirá un año desde que la Guardia Civil registrara la sede de Emayaen busca de pruebas de un posible delito medioambiental causado por los vertidos de aguas residuales al mar. Tanto ella como la anterior presidenta de la empresa, Neus Truyol, actual regidora de Modelo de Ciudad, y varios técnicos fueron citados meses después como investigados y declararon en el Juzgado de Instrucción 12 por su posible responsabilidad en esos vertidos, que llevan años produciéndose, principalmente en Ciutat Jardí y Can Pere Antoni. La investigación judicial está ahora pendiente de que la jueza instructora reciba más informes.
Para conocer el origen de esta investigación hay que remontarse otro año más, al verano de 2018, cuando el abogado y navegante Santiago Fiol, a título personal, interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente por los vertidos de aguas residuales en el mar, de los que hacía responsable a la Administración. "Creo que se está produciendo un daño muy grave al medio ambiente, si alguien ha sido un cargo político y ha hecho dejadez de funciones, que asuma la responsabilidad, sea del partido que sean", declaró el denunciante a Canal4.
El verano de hace dos años, cuando Fiol denunció, fue especialmente duro, con constantes cierres de playas y banderas rojas. Si no era por una rotura de una tubería, se debía a las lluvias que saturaban la antigua e insuficiente red de Emaya y desbordaban las aguas mixtas hacia el mar... Pero también fue el verano en que se aprobó el decreto de protección de la posidonia, promovido por el conseller de Medio Ambiente, Vicenç Vidal (Més), en contra de buena parte del sector náutico.
Volviendo a los vertidos, fue tal la indignación ciudadana que Neus Truyol tuvo que dar una rueda de prensa a mitad de agosto para justificar esos cierres de playas y explicar que se ordenaban para preservar la salud pública. La regidora de Més cargó contra PP por no haber evitado esos vertidos en legislaturas anteriores y por no izar la bandera roja cuando se producían. Según aportó Emaya en ese momento, Ciutat Jardí y Can Pere Antoni acumulaban más de 340 vertidos.
Avancemos un año. El miércoles 14 de agosto de 2019, la Guardia Civil acudió al piso de Mayol en Barcelona para requisar su ordenador portati y su teléfono móvil, y registró la sede de Emaya, aunque la operación no trascendió públicamente hasta varios días después.
Truyol, Mayol, el director de las dos depuradoras y tres técnicos más de Emaya fueron citados como investigados y declararon ante la jueza y la fiscal de Medio Ambiente el pasado febrero.
Las declaraciones
La expresidenta de Emaya negó los cargos y defendió la gestión realizada durante la pasada legislatura, recalcando que siempre habían cumplido con la normativa vigente. También rechazó haber desviado dinero del canon de saneamiento para otros fines que no fueran la mejora de la red de agua.
Tanto la exgerente como los técnicos declararon lo mismo y señalaron que las depuradoras, especialmente la del Coll d'en Rabassa, estaban obsoletas.
Esta investigación judicial, de momento sin novedades, no ha sido la primera que ha abordado este problema. El Tribunal Superior condenó a Emaya en 2006 por incumplir la normativa sobre los vertidos no tratados en la depuradora. También la Asociación de Navegantes del Mediterráneo denunció en 2019 a la conselleria de Medio Ambiente del Govern, causa que sigue abierta.
Paralelamente a estas cuestiones judiciales, en este año Emaya ha iniciado obras como el colector interceptor en avenidas y ha presionado al Gobierno para conseguir una nueva depuradora con la que se evitarán los vertidos.
