El pleno del Ayuntamiento de Palma exigirá al gobierno de Pedro Sánchez poder disponer del denominado remanente de tesorería o superávit municipal libremente, que en el caso de Palma alcanza los 35 millones, con el fin de hacer frente "a las inversiones o gastos que consideren necesarios en el ejercicio de su autonomía financiera".

La moción ha sido presentada por los partidos que conforman el equipo de gobierno de Cort (PSIB-PSOE, Més per Palma y Unidas Podemos por urgencia y se prevé que sea debatira en la sesión de esta tarde.

El pleno reclama también al Gobierno del Estado que se comprometa "a respetar y garantizar la autonomía de las entidades locales en la gestión de sus recursos", un precepto que, recuerdan, emana de la Constitución Española.

Asimismo, exigen que se flexibilicen las reglas de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y la de gasto, con el fin de que las entidades locales puedan utilizar sus remanentes de tesorería para reforzar las políticas sociales y de reactivación económica que requiere y requerirá la crisis de la Covid-19.

Asimismo, el pleno insta al gobierno de Pedro Sánchez a consensuar con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) "cualquier modificación de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que permita la utilización de estos remanentes de tesorería".

Con esta propuesta, el Ayuntamiento de Palma rechaza el anuncio realizado por el Gobierno central en el sentido de que los entes locales cedieran 5.000 millones de estos remanentes al Estado, con el compromiso de devolvérselo en un período de 10 años. Para Cort, "esta propuesta no es la que las entidades locales habíamos reclamado", puesto que "imposibilitaría el gasto y la inversión de estos recursos en una época en la que es absolutamente necesario que el sector público lidere la reacción económica para salir de la crisis en la que nos ha situado la pandemia que vivimos".

Recuerdan que las entidades locales disponen de este dinero procedente de los remanentes "porque han gestionado de forma adecuada sus recursos, hasta el punto de tener situaciones de endeudamiento cero en muchos casos". Por ello, consideran que "el premio" no puede ser, en ningún caso, "una normativa que fuerce a las entidades locales a ceder estos recursos y a devolvérselos en 10 años, puesto que supondría una evidente desincentivación a la buena gestión realizada y un peligro real para la gestión futura, además de un ataque flagrante a la autonomía municipal".