La Defensora de la Ciudadanía, Anna Moilanen, pidió ayer al equipo de gobierno de Cort, en la comisión de quejas y sugerencias previa a la celebración del pleno, más medios materiales y humanos para su oficina, con el fin de poder hacer frente a la "avalancha" de demandas que se ha producido en el último mes, coincidiendo con la denominada "nueva normalidad".
Si bien no todas quejas ciudadanas que han llegado a su oficina son de su competencia, su tramitación para hacerlas llegar a los departamentos o administraciones correspondientes también requiere que tanto ella como su adjunto y el personal administrativo ocupen una parte de su tiempo en su tramitación.
De esta forma, si en junio de este año se habían registrado en la oficina de la defensora un total de 41 expedientes cuyos asuntos son de su incumbencia según el reglamento orgánico que rige el funcionamiento de este departamento municipal, en lo que llevamos del presente mes de julio ya son 55.
Igualmente, las reclamaciones o quejas ciudadanas que han subido más en este último mes son las que denominan de "primera instancia", que se refieren a asuntos que no son de competencia de la oficina de la defensora, aunque los ciudadanos los remiten a este departamento y ellos se encargan de darles su curso.
De 138 a 195 quejas
En este caso el número de expedientes ha pasado en tan solo un mes de 138 a 195. Por último, por lo que se refiere a los expedientes dirigidos al Defensor del Pueblo, que también se tramitan a través de la oficina municipal de la defensora, no han sufrido variación, puesto que en junio había tres asuntos de estas características activos y en julio siguen siendo los mismos. Moilanen explicó que la mayoría de quejas incluidas en este "repunte" observado en el último mes desde que ya no está en vigor el estado de alarma debido a la pandemia provocada por la Covid-19 se refieren al mal funcionamiento de servicios como el de la recogida de basuras o de trastos de Emaya, además de la falta de vigilancia policial en determinadas zonas, o deficiencias en cuestiones que atañen al departamento de Infraestructuras relativas a la falta de luz o al mal estado de calzadas y aceras, entre otros.
Como consecuencia del decreto que permite la ocupación por mesas y sillas de los estacionamientos de los vehículos situados enfrente de bares y restaurantes, también se han registrado varias quejas relacionadas con la excesiva ocupación del espacio público por parte de algunos establecimientos, el incumplimiento del horario de cierre de estas terrazas, fijado en este decreto excepcional a las 23.00 horas, y la generación de ruidos debido a la presencia de clientes consumiendo fuera de los establecimientos.
