El proyecto de demolición del monolito de sa Feixina está aprobado desde abril de 2016

El proyecto de demolición del monolito que conmemora el hundimiento del crucero Baleares fue aprobado por la junta de gobierno del ayuntamiento de Palma el 13 de abril de 2016. Si bien en el programa del Tripartito de Cort se indicaba que el monumento sería desmontado y retirado de sa Feixina, los técnicos municipales informaron sobre la imposibilidad de esta acción debido al sistema constructivo que se había seguido para levantarlo. No obstante, se preveía retirar los bajorrelieves con imágenes de soldados que están en su base y proceder a la demolición del resto.

Si bien inicialmente se calculaba que la demolición tendría un coste de 50.ooo euros, con posterioridad, desde el departamento de Infraestructuras que en aquel momento dirigía el concejal de Podemos Rodrigo Romero, se realizó un primer proyecto por parte de los arquitectos municipales, que también incluía una completa remodelación de la plaza de sa Feixina con la eliminación de la fuente y la reposición de las redes de servicios y un nuevo sistema de iluminación, cuyo coste ascendía a 250.000 euros. Un gasto que se consideró inasumible, por lo que se encargó la redacción de una nueva propuesta más ajustada. El aprobado finalmente el 13 de abril de 2016 tiene un coste de 169.800 euros e incluye, además de la demolición de la construcción, la previa retirada de los bajorrelieves, la supresión de la fuente y los estanques y la ejecución de un nuevo pavimento similar al existente con el fin de que quede una explanada diáfana que permita la realización de eventos y concentraciones ciudadanas.

Una vez aprobado, se dieron quince días para la presentación de alegaciones con el fin de iniciar posteriormente la licitación para la ejecución de las obras.

No obstante, la presentación de un recurso por parte de la Asociación de Amics de Santa Catalina paralizó el proceso de licitación por parte del Ayuntamiento, mientras el Consell de Mallorca, en base a un informe jurídico y a la petición de esta misma asociación, incoaba nuevamente un expediente de protección, que había sido negado por los técnicos en 2015.