El Partido Popular, a través de su regidor en el Ayuntamiento de Palma Julio Martínez, ha anunciado que pedirá en el pleno de Cort de la semana próxima que insta al Parlament a excluir a Palma del ámbito de aplicación del Decreto Ley 9/2020 de medidas urgentes para la protección del territorio. Esta nueva norma tendrá efectos sobre varias fincas en el término municipal palmesano.
En una nota de prensa, Martínez ha subrayado este viernes que, con la norma, "se agrava la situación de los autónomos y pymes que se dedican, directa o indirectamente, a la construcción como los aparejadores, carpinteros, ingenieros, albañiles, fontaneros, electricistas, pintores o herreros, entre otros".
Además, ha asegurado que se asesta "un duro golpe al empleo" y ningún caso se necesitan políticas "que destruyan puestos de trabajo". Para el regidor 'popular', es una norma que llega en un momento en que Palma está haciendo frente a una crisis económica derivada del coronavirus.
En este sentido, ha recalcado que tendrá unos efectos "muy negativos" tanto para la economía de los ciudadanos de Palma como para los del resto de municipios de Baleares cuando "ahora, más que nunca, es necesario implementar medidas para estimular la economía". Además, ha apuntado Martínez, "reducir el suelo urbanizable contribuirá a incrementar el precio de la vivienda en Palma".
Por otra parte, para el regidor 'popular' esta propuesta viene a poner de manifiesto una vez más "la falta de liderazgo" de Hila y sus socios de Gobierno ante Francina Armengol, a quien "dejan hacer y deshacer a su antojo" a la hora de imponer restricciones urbanísticas en Palma cuando es el ayuntamiento "el que tiene la responsabilidad de marcar su destino urbanístico a través del nuevo PGOU".
El objeto de la moción del PP "es hacer el trabajo que no ha hecho Hila por falta de fuerza e iniciativa" y reivindicar la exclusión de Palma de esta Ley porque es el Ayuntamiento, y no el Govern, "el que tiene que determinar cómo han de hacerse las coses en materia urbanística".
En opinión de Martínez, la nueva ley de medidas urgentes del Govern es una iniciativa que "no responde a les preocupaciones más urgentes" de la mayoría en estos momentos de crisis sino que es "consecuencia de las disputas y compromisos existentes dentro del Govern".
