Bienestar licita las obras de la segunda fase de demoliciones en Son Banya

El Ayuntamiento de Palma ha publicado el anuncio de licitación de las obras de la segunda fase de demolición del poblado de Son Riera-Son Banya, para derribar unas 95 viviendas por 917.575 euros, una tramitación parada con el estado de alarma por la crisis sanitaria de la COVID-19.

Bienestar Social estima que 68 familias de las 85 familias que residen en la zona afectada necesitarán ayuda para encontrar "una alternativa habitacional", ya sea con una vivienda o con ayuda económica, informó el consistorio en un comunicado.

El plazo de ejecución es de 45 meses y las ofertas se pueden presentar hasta el 16 de junio.

A diferencia de la primera fase, en esta ocasión las demoliciones no se harán por espacios habitados, sino por "islas", para mejorar la seguridad y la efectividad del proceso. Una vez derribadas se construirá un talud para evitar que se vuelvan a levantar nuevas construcciones.

El teniente de alcalde de Cultura y Bienestar Social, Antoni Noguera, ha explicado en distintas ocasiones que el derribo por construcciones habitadas individuales "presentaba grandes dificultades cuando, por falta de información detallada de las construcciones, aparecían estructuras compartidas entre habitáculos o construcciones no documentadas", por lo que esta segunda fase por islas permitirá afrontar los desalojos "con más garantías".

Bienestar Social previó alcanzar a un total de 80 familias que necesitarían ayuda social, de las que en la primera fase han entrado en el programa 12 familias: 8 fueron realojadas en viviendas públicas en régimen de alquiler, 3 recibieron ayudas económicas (con un coste aproximado de 3.000 euros cada una para poder conectar el suministro de agua a sus hogares) y una familia rechazó la vivienda que se le había adjudicado.

En febrero se aprobó la adjudicación del servicio para la defensa técnica y representación en los procedimientos de desalojo por 183.501 euros y se adjudicó un primer lote de defensa técnica a la empresa Gabinete Bebido SLC por 136.125 euros.

En marzo se firmó el contrato con las empresas adjudicatarias de los servicios, pero quedaron suspendidos temporalmente debido a la parálisis de la administración judicial. A medida que se reinicia la actividad judicial, se iniciarán los procesos de órdenes de desahucio, indicó ayer el Ayuntamiento. También se elaborará el nuevo censo de habitantes del poblado.