Hace ya bastantes meses que el Ayuntamiento asumió que el fin de Son Banya no llegaría antes de finales de 2021, un año más tarde de lo que se había previsto al retomar el plan de erradicación del poblado durante la pasada legislatura. Los problemas que fueron surgiendo desde un principio han ido alargando plazos. Un retraso que se ha agravado con el estado de alarma por la pandemia de Covid-19, que ha dejado en suspenso la tramitación de las nuevas solicitudes de desalojo de las familias que aún residen en el barrio y que, a falta de un censo más fiable, se estima que son entre 85 y 90.
A punto de entrar en la fase dos de desescalada, la concejalía de Bienestar Social confía en poder presentar ante los juzgados las solicitudes para conseguir las órdenes judiciales de desahucio y posterior derribo para el casi centenar de chabolas que siguen en pie en el poblado y acometer otra fase dos, no de desescalada, sino la correspondiente al calendario de eliminación de Son Banya. El trabajo que queda por delante triplica el realizado hasta ahora, al menos en cuanto a demolición de viviendas.
Con la reactivación del sistema judicial, aseguran desde el Consistorio, los abogados y procuradores contratados podrán retomar el trabajo y presentar las denuncias de ocupación.
También el trabajo del equipo de profesionales que mantenía el contacto con las familias que residen en el poblado se ha quedado paralizado, así como la elaboración del nuevo censo de habitantes, que iba a ser adjudicado a Cruz Roja.
A falta de ese nuevo listado de habitantes en el poblado, Bienestar Social estima que en esta segunda fase de erradicación del poblado habrá 68 familias que necesitarán ayuda para encontrar una alternativa para vivir, ya sea una vivienda o dinero para pagarla. Es un número muy superior a las doce familias que pidieron la ayuda de Cort en la primera fase. En total, entre 2018 y 2019, salieron del poblado 117 personas.
Con la intención de agilizar los derribos durante este 2020, el Ayuntamiento había previsto invertir en el año en curso 917.000 euros para completar esta segunda fase de erradicación del poblado, hasta dejar un solar vacío en el que se proyecta construir una residencia.
A diferencia de la primera fase, en la que se derribaban las barracas a medida que se iban desalojando, encontrándose con 'sorpresas' como viviendas conectadas entre ellas, en el futuro se esperará a tener una manzana completa deshabitada para derribarla. Y para evitar que los vecinos que queden en Son Banya levanten nuevas edificaciones, se construirá un talud con los escombros resultantes.
Un repaso
Los derribos en Son Banya se iniciaron en julio de 2018. Con parones de obra y protestas de los habitantes durante el año y medio siguiente, se ejecutaron 42 de las 44 órdenes judiciales de desalojo (dos caducaron), aunque las chabolas que se destruyeron fueron menos, 31 en total.
Respecto a esos once casos en que no se derribó la vivienda, cinco corresponden a familias que aún permanecen en el poblado "por cuestiones humanitarias" y otros cuatro a las que pidieron ser realojadas en viviendas públicas, todas ellas están pendientes de encontrar una solución a su situación. Dos barracas no se llegaron a derribar por motivos de seguridad estructural.
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