El ayuntamiento de Palma prevé este año una caída de ingresos como consecuencia de la paralización de la actividad económica por la crisis de la Covid-19 de 34 millones de euros, según explicó ayer el concejal de Hacienda, Adrià García.
Esta menor recaudación provocará probablemente que el presupuesto de este año se cierre con déficit, lo que impedirá, si la legislación actual no se modifica, que se pueda hacer uso del superávit de 32,6 millones con el que se han liquidado las cuentas correspondientes al año pasado. Si se cumplen estas previsiones, el presupuesto municipal volverá a cerrar con números rojos, algo que no ocurría desde 2011.
De ahí la necesidad de que el Gobierno central, insistió García, modifique la actual normativa, tal como ya ha solicitado el Ayuntamiento y los demás municipios de Balears y de España a través de sus federaciones y, en especial, elimine un punto de Ley de Estabilidad Presupuestaria que impide que se utilice el superávit de un ejercicio en el siguiente si no se garantiza que este va a finalizar sin déficit.
Todo ello pese a que Cort cumple con los demás parámetros de la Ley de Estabilidad, como el porcentaje de deuda, que se sitúa en el 46,95% de los ingresos corrientes, puesto que se ha rebajado de los 350 millones de 2015 a prácticamente la mitad del año pasado.
Asimismo, Cort también cumple con el período máximo de pago a sus proveedores que es de 15,7 días en lugar del máximo de 30 días que se permite, y no se ha superado el 2,7% de gasto sobre el realizado en el ejercicio anterior.
García explicó que "todos estos parámetros permitirían utilizar el superávit del año pasado al finalizar 2020, pero la previsión de finalizar este año con déficit, en estos momentos, si no se cambia la ley, lo hace inviable".
El 8% del presupuesto
Las pérdidas representan el 8% del presupuesto municipal correspondiente al presente año y se deben principalmente a la disminución de los ingresos relacionados con la merma de la actividad económica, que se reflejará en impuestos como el de construcciones y su correspondiente tasa, la apertura de establecimientos, la ORA, las plusvalías, y la recaudación de multas, entre otros conceptos.
El concejal explicó que si finalmente se cambia la ley y se pueden utilizar los 32,6 millones de superávit, se destinarían, por una parte, a amortiguar la caída de ingresos y, por otra, a garantizar la prestación de servicios considerados esenciales, entre los que se incluyen los relacionados con la atención a las personas y colectivos más vulnerables.
