El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Palma se ha sumado a las críticas de las asociaciones de Restauración, Comercio y Turismo federadas a la CAEB, que han afeado la ausencia de medidas para estos sectores por parte del equipo de gobierno de Cort, mientras que en la junta de gobierno del pasado miércoles se aprobó el "abono inmediato" de 400.000 euros para el mantenimiento y las actividades ya realizadas por distintas entidades ciudadanas y la Federació d'Associacions de Veïns de Palma.

La portavoz conservadora en Cort, Mercedes Celeste, ha reprochado al alcalde de Palma, José Hila, "no lo que está haciendo, sino lo que está dejando de hacer, pensando soluciones solo para unos" en relación a la aprobación del pago de los 400.000 euros de las actividades ya realizadas y justificadas por las entidades ciudadanas.

Al respecto, ha criticado la "falta de sensibilidad" del alcalde, José Hila, hacia el pequeño comercio y el sector de restauración de Palma "porque ante una situación crítica como la que están padeciendo actualmente Cort solo está ayundando a una parte de la ciudadanía".

Para Celeste, el alcalde "no trata a todos los ciudadanos de la misma manera, porque "solo ha pensado soluciones para unos dejando al margen a los que son una pieza clave en la dinamización de la economía y la creación de empleo en nuestra ciudad".

Por ello, la portavoz conservadora ha solicitado al equipo de gobierno a que habilite "medidas de flexibilidad fiscal" que sean "un estímulo para reactivar la actividad de aquerllos que generen riqueza y empleo" en la ciudad y "demuestren de una vez por todas el grado de compromiso real del gobierno de izquierdas" con los sectores del pequeño comercio y la restauración que, a su juicio, "no ha existido hasta ahora"·.

En este sentido, Celeste se ha referido a la "persecución constante de las terrazas, la tolerancia frente a la venta ambulante ilegal, la asfixia de los comercios del centro de Palma o el cierre del mercado municial del Camp Redó o las galerías comerciales de la Plaza Major, para las que todavía no hay un proyecto de reactivación".

Entre las medidas de carácter económico y social que Cort adoptó en los primeros días del confinamiento se incluyen el alargamiento hasta el 30 de junio del plazo para el pago voluntario del impuesto de Circulación y de la Tasa para el Tratamiento e Incineración de los Residuos Sólidos Urbanos (TIRSU). Asimismo, se devoverá la parte proporcional de la tassa de ocupación de la vía pública que abonan los bares y restaurantes para colocar las mesas y sillas en las terrazas, al igual que se garantizará la disponibilidad de las ayudas económicas urgentes que gestiona Bienestars Social para hacer frente a gastos como el alquiler o de comida.

Igualmente, el IME devolverá las cuotas de los cursos suspendidos, el 50% de la cuota correspondiente al mes de marzo y el bloqueo o la suspensión de nuevos pagos hasta que no se retomen las actividades.

Asimismo, se anunció que se estaba estudiando el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente el impacto económico del coronavirus con el fin de aplicar "un segundo paquete de medidas de carácter económico y social", que irá destinado "a reforzar las familias, las personas más vulnerables, empresas y autónomos".