Más de dos años de inseguridad en su propia casa, de sentirse abandonados y amenazados, con el consiguiente "cansancio moral". Es lo que denuncian los vecinos de una finca en la que vive una familia okupa desde enero de 2018. Los portazos, gritos y ruidos a horas intempestivas forman parte de su día a día en este bloque de pisos en el barrio de Foners. También ha habido enfrentamientos directos. Uno de ellos motivó una denuncia judicial que se saldó el pasado enero con una multa de 90 euros a un familiar de los okupas. Los afectados aseguran que la situación ha empeorado con el confinamiento.
El piso okupado es propiedad de Bankia pero la denuncia judicial contra la familia de etnia gitana que entró a la fuerza la gestiona Haya Real Estate. Los vecinos tienen muchas dificultades para saber cómo avanza el procedimiento y nulas esperanzas de que la situación mejore.
"Tuvimos una cita con servicios sociales del Ayuntamiento y la conclusión fue que ellos no pueden hacer nada", explica uno de los residentes en esta finca. El banco propietario también les ha recordado que no se puede acceder a esa vivienda a no ser que los moradores den su autorización.
Los okupas tienen agua y electricidad gracias a que la comunidad de propietarios paga estos suministros, a la espera de que llegue una orden judicial de desalojo. Los vecinos han alertado a Endesa de que la vivienda está conectada de manera ilegal a la red, pero sus denuncias, ante el riesgo que conlleva el enganche eléctrico, no han servido de nada. "Te preguntas si vale la pena hacer como ellos y vivir fuera de la ley", plantea una de las afectadas.
Los vecinos, por temor a las consecuencias, prefieren mantenerse en el anonimato. Quien sí denunció públicamente dos años atrás fue el anterior presidente de la comunidad, pero decidió vender su piso e irse de la finca.
A peor
"El sentimiento de inseguridad es más fuerte cuando te cruzas con ellos", afirmaba antes del confinamiento uno de los vecinos, quien dice que la situación ha empeorado con el estado de alarma. "Ahora mismo tenemos una rotura en una bajante de agua comunitaria. La avería está al nivel del piso de los okupas y esta inundando la vivienda de abajo. No quieren dejar pasar a un fontanero a su casa. El dueño del piso inundado tiene miedo de llamar a la policia y la sociedad que gestiona este piso de okupas dice que sin el consentimiento de los okupas no se puede pasar para arreglar esta rotura. En fin que lo acabaremos pagando todos los vecinos", explica uno de los residentes.
"Para actuar solo podemos contratar a un abogado en nombre de la comunidad y pagar un procedimiento judicial que no estamos seguros de que sea a nuestro favor", añade el vecino. "Es surrealista, tienen mas derechos que nosotros", lamenta.
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