El monumento de sa Feixina tiene que ser catalogado por su valor arquitectónico, histórico y artístico, según dicta la sentencia conocida ayer del juzgado de lo contencioso administrativo 3 de Palma. El fallo da la razón a los dos recursos interpuestos en 2017 por la entidad proteccionista ARCA y la asociación de Veïns i Amics de Santa Catalina contra la decisión del Consell de Mallorca de no preservar como Bien Catalogado el obelisco de origen franquista. La institución insular recurrirá la sentencia ante el TSJB (Tribunal Superior de Justicia de Balears), tal como avanzó tras recibirla, aunque la plataforma Salvem sa Feixina, en la que está integrada la entidad vecinal, pretende llegar al Tribunal Supremo.
La decisión judicial se basa en los informes de la Real Academia de la Historia y la de Bellas Artes de San Fernando y la asociación internacional de monumentos Icomos para defender los valores del monumento y reprocha a la ponencia técnica de Patrimonio del Consell sus contradicciones a lo largo del procedimiento, ya que en 2015 votaron lo contrario que en 2017. El fallo también tiene en cuenta los informes aportados por Cort contra la catalogación, aunque no les da tanta relevancia, "sin poner en duda su objetividad y fundamentación".
Niega además que preservarlo suponga la vulneración de la Ley de Memoria Histórica, al representar una gesta y exaltación del franquismo, porque recuerda que el obelisco de sa Feixina "perdió su contenido ideológico en virtud, precisamente, de la aplicación de la citada Ley, siendo así que su modificación se produjo en 2010". La sentencia 94/2020 concluye que, "a la vista de la concurrencia de los valores histórico, artístico y arquitectónico, debe ser reconocido el monumento de sa Feixina como Bien Catalogado del Patrimonio Histórico de Balears".
La asociación proteccionista ARCA manifestó su alegría e hizo "un llamamiento a recuperar el consenso y abandonar los intentos de destruir un patrimonio que es de todos", ahora refrendado por la justicia, que "se ha pronunciado a favor de conservar el patrimonio cultural isleño y de Ciutat". ARCA dijo tener "el convencimiento de que el consenso es deseado por la inmensa mayoría de la ciudadanía" y enumeró los tres motivos por los que siempre ha defendido el monumento: Además de sus valores arquitectónico e histórico, remarcó el de "la unanimidad". La decisión de la exalcaldesa Aina Calvo y su equipo de gobierno en 2010 "recibió el apoyo de todos los grupos políticos", un consenso "por desgracia menospreciado por el Ayuntamiento dos legislaturas más tarde".
El portavoz de la plataforma Salvem sa Feixina, Tomeu Berga, se congratuló de una sentencia que "demuestra que la sinrazón y las decisiones caprichosas de los políticos no siempre tienen más fuerza que la que han mostrado los ciudadanos unidos", según sus palabras. Destacó que "mientras unos irresponsables tiraban la pólvora del rey, una veintena de entidades han tenido que buscar apoyos para defender un monumento a los caídos en la Guerra Civil, en ambos bandos, sin apelar a uno en concreto ni al crucero Baleares (el origen del obelisco), sino con informes de entidades independientes y sentido común", tal como concluyó el portavoz de la plataforma.
Cort
Cort fue contundente ayer contra la sentencia: "Respetamos la decisión judicial, pese a que no compartimos la argumentación esgrimida por el juez [...] Mantenemos las intenciones de demoler un monumento que vemos como un vestigio de propaganda franquista", según expresaron en una nota de prensa, y añadieron que sa Feixina "contraviene los principios de la Ley de Memoria Histórica".
El Consell de Mallorca recurrirá la sentencia "en coherencia con la decisión de no catalogar sa Feixina tomada de acuerdo con los informes técnicos de los funcionarios de Patrimonio, formulados desde el rigor y el conocimiento técnico, histórico y arquitectónico de la materia de su competencia". Desde la institución insular añadieron que "el monumento no puede desligarse de lo que representa, un hecho que vulnera la Ley de Memoria Histórica".
Al contrario, el grupo municipal del PP aplaudió la sentencia y afirmó que "pone freno al sectarismo de PSOE, Més y Podemos", que "renunciaron a proteger y defender la iniciativa de la alcaldesa Aina Calvo y del consenso político y ciudadano de 2010".
