El presidente de la Federació d’Associacions de Veïns de Palma, Joan Forteza, advirtió ayer en su intervención ante el pleno correspondiente al mes de febrero que su entidad va a presentar denuncias individualizadas contra aquellas empresas que, a partir del próximo día 5 de marzo, mantengan en la vía pública los toldos no anclados a fachada con más de un pie.

El dirigente vecinal se opuso tajantemente a la petición materializada en el pleno de ayer por el grupo municipal Vox, y apoyada por la patronal Caeb, la asociación de Restauración y los sindicatos CCOO y UGT en la que solicitaban una nueva moratoria de doce meses alegando, entre otras razones, motivos de seguridad y de mantenimiento de los puestos de trabajo.

Forteza explicó que la retirada de los toldos tipo caseta fue una cuestión consensuada con los restauradores a lo largo del proceso de tramitación de la modificación de la ordenanza de la ocupación de la vía pública que duró un año y medio.

Recordó que fue él quien propuso que se aprobara una moratoria de 18 meses con el fin de que los empresarios pudieran adaptarse a la nueva normativa, algo que se aplicó a partir del mes de septiembre de 2018, por lo que, en realidad, los empresarios afectados han tenido dos años para adaptarse a la nueva normativa. El dirigente vecinal insistió además en que no se puede prolongar doce meses más la actual moratoria con un simple acuerdo plenario, puesto que se incurriría en un posible delito de prevaricación. Para modificar este punto y cualquier otro de la actual ordenanza se debería iniciar un proceso de modificación de la misma o redactar una nueva, algo que llevaría entre varios meses y un año.

En la misma línea se manifestó el teniente de alcalde de Participación Ciudadana y Gobierno Interior, Alberto Jarabo. El teniente de alcalde quiso enmarcar la polémica y recordó que se trata de sustituir los toldos tipo caseta que ocupan la vía pública por sombrillas o mamparas laterales. Explicó asimismo que esta sustitución afecta al 10% de las terrazas autorizadas (127 de 1.200), e insistió en que estos establecimientos han contado con 18 meses para sustituir estos elementos. Asimismo, afirmó que esta sustitución no ha afectado a la actividad económica.

“Reforma razonable”

En relación a si con la prohibición de estos toldos cerrados los establecimientos pierden clientela, invitó a los restauradores reticentes a que tomen muestra de las terrazas existentes, por ejemplo, en la plaza de Cort, que ya cumplen con los requisitos que exige la ordenanza, “y siempre están ocupadas”.

Por lo que respecta a las reticencias puestas de manifiesto por los sindicatos debido al excesivo peso de las sombrillas, Jarabo recordó que hay elementos más ligeros y que “hay sombrillas con ruedas” que facilitan su retirada. En definitiva, para Jarabo, se trata de “una reforma razonable que, además, fue consensuada entre vecinos y restauradores”. Igualmente rechazó que se trate de una norma impuesta, sino que es fruto de la negociación y la necesidad de poner fin a los excesos de ocupación de la vía pública producidos en anteriores mandatos.