Las compañías crucerísticas que a partir de hoy soliciten una reserva de atraque en el puerto de Palma para cualquier día de 2022 recibirán un no por respuesta y deberán esperar a la aprobación de la regulación que prepara el Govern para limitar el número de escalas y pasajeros. La moratoria que el Ejecutivo balear reclamó a la APB (Autoridad Portuariasalió ayer adelante en su consejo de administración, en el que el presidente, Joan Gual de Torrella, explicó al resto de los miembros que "hasta ahora se aceptaba de forma automática cualquier petición de reserva, ya que el puerto tiene capacidad para ello", según fuentes de la APB, aunque la situación ha cambiado y se regirán por lo que decida el Pacto en base a sus negociaciones con las navieras.
El día anterior, el conseller de Turismo, Iago NegueruelaIago Negueruel, dijo que antes del verano tendrán un avance de esta propuesta, que se centrará en la temporada alta y la elevada concentración de buques durante un periodo de tiempo muy corto. Cuando se apruebe, el organismo portuario "autorizará expresamente las escalas según los criterios que pacte el Govern con la Asociación Internacional de Líneas de Crucero" (CLIA por sus siglas en inglés).
Las peticiones de atraque que se realicen a partir de hoy "serán apuntadas, pero no confirmadas hasta que haya un acuerdo", tal como añadió un portavoz de la Autoridad Portuaria. Especificó que esta entidad es quien aporta la infraescturctura, mientras que "el Govern se encarga del destino estableciendo las restricciones que considere oportunas". En el tercer vértice del triángulo, están las compañías crucerísticas en busca de negocio.
Aplauso de los anticruceros
Por su parte, la plataforma contra los megacruceros aplaudieron ayer la moratoria propuesta por el Govern en el puerto de Palma a partir del 1 de enero de 2022, tal como anunciaron el día anterior el conseller Negueruela y Miquel Mir, su homólogo en Medio Ambiente. Esta entidad ciudadana siempre ha defendido un máximo de un crucero al día con no más de 4.000 pasajeros y el pasado septiembre fueron los primeros en reclamar una moratoria.
La plataforma también quiere una comisión técnica "cualificada e independiente" para "definir los límites de la capacidad de carga medioambiental, económica y social del turismo de cruceros y megacruceros en Palma y, especialmente, en su centro histórico", según detallaron en una nota de prensa. Y piden tener "un espacio de participación" en el organismo propuesto por ellos.
El consejo de administración de la Autoridad Portuaria está compuesto por 21 miembros, con representación de Cort a través de la regidora de Modelo de Ciudad, Neus Truyol. En la reunión de ayer, explicó que "la moratoria permitirá trabajar en un acuerdo entre las partes" e incidió en la "importancia de que los contratos con las navieras se ajusten a los parámetros de protección medioambiental y permitan reducir la presión humana en la ciudad", según afirmó antes del consejo a través de un comunicado.
También reclamó "urgencia" en la aprobación de la limitación debido a que "es un reclamo de la ciudadanía y una responsabilidad pública". Dijo que "la declaración de emergencia climática afecta a la ciudad en muchos aspectos y uno de ellos es la presión humana y ambiental que soporta y que los cruceros generan", por lo que es imprescindible la "planificación" de llegadas de los cruceros con el objetivo de evitar la masificación turística que Palma soporta en temporada alta. Por último, Neus Truyol propuso crear un Área de Control de Emisiones en el mar Mediterráneo.
