El Govern no quiere que haya ninguna reserva de cruceros en el puerto de Palmahasta que decida qué límites impondrá a este tipo de turismo. Se trata de una moratoria para evitar que las previsiones de las navieras sobre sus rutas dentro de dos años -ya están empezando a organizarlas- den al traste con la propuesta de disminución de buques en la que está trabajando el Ejecutivo del Pacto. Presentará un avance antes de que comience el verano y hoy pedirá a la Autoridad Portuaria "que no confirme las reservas de atraque de cruceros a partir del día 1 de enero de 2022", tal como afirmaron este martes tanto el conseller de Turismo, Iago Negueruela, como su homólogo en Medio Ambiente, Miquel Mir.

Las escalas para el próximo año están ultimadas, por lo que deben "garantizar la seguridad jurídica", aunque las de 2022 todavía no se han reservado. "La moratoria es imprescindible para poder tener un mejor margen de maniobra" y "llegar a un marco óptimo", dijo Mir en referencia a la normativa que preparan. Destacó que "es la primera comunidad autónoma que solicita una medida de estas características", aunque la última palabra la tiene este miércoles el consejo de administración de la Autoridad Portuaria, con su presidente, Joan Gual de Torrella, al frente.

No más crecimiento

El organismo estatal informó este martes de que el Plan Estratégico que está elaborando "persigue priorizar la sostenibilidad del tráfico de cruceros en los puertos que gestiona, aunque descarta su crecimiento". Esta clase de buques "no son la prioridad de la APB" (Autoridad Portuaria de Balears), pero sí "una de las cinco líneas estratégicas de actuación que contempla el plan". El documento indica que en el puerto de Palma han aparecido "señales de alarma" debido a la concentración de cruceristas en el casco antiguo que han llevado a reuniones con las navieras para "redimensionar este mercado a un turismo más sostenible", tal como explicó la APB en una nota de prensa.

Exigencias ciudadanas

Los contactos con las empresas cruceristas se produjeron tras las movilizaciones de la plataforma contra los megacruceros durante el pasado verano, que fueron los primeros en pedir una moratoria para acabar con el "insostenible" modelo turístico actual. También reclamaron un máximo de un crucero al día con no más de 4.000 pasajeros y aplicar medidas de prevención de la contaminación, como ya se está haciendo en las rutas crucerísticas de los países escandinavos.

Los consellers Negueruela y Mir no adelantaron este martes detalles sobre la propuesta de limitación en la que están trabajando, pero sí destacaron que estas medidas serán "con perspectiva ambiental en un territorio vulnerable y en un contexto de emergencia climática que cada vez deja consecuencias más claras", según el responsable de Medio Ambiente. El dirigente de Turismo y Trabajo concretó que se centrarán en la temporada alta y en la elevada concentración de cruceros durante un periodo de tiempo muy corto.

Concluyeron que la finalidad es "revertir la capacidad de carga turística", porque "las puntas que soportan las islas son manifiestamente insostenibles", de ahí que "la desestacionalización está en la agenda política desde hace años", recordó Miquel Mir. Negueruela quiso dejar claro que no están en contra de este modelo turístico, aunque quieren regular su límite debido a que en los Acords pel Canvi establecen "una apuesta clara por la sostenibilidad".

Crear incertidumbre

Las navieras consideran que "no es el momento de generar más incertidumbre en el sector turístico", como afirmó el director nacional de la Asociación Internacional de Líneas de Crucero, Alfredo Serrano, tras conocer que el Govern quiere una moratoria. El portavoz de la CLIA (por sus siglas en inglés) añadió que el sector inició en la última feria crucerista de Hamburgo conversaciones para que "culminen en un acuerdo positivo para todas las partes".

Sin embargo, la medida que se debatirá hoy en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria no permite "un escenario de certidumbre", según la percepción de las navieras. "Trabajamos con un plazo de anticipación de dos años y no atender las solicitudes de reserva afectaría al trabajo de las compañías y tendría un efecto negativo en el impacto económico y el mercado laboral de las islas".

Por último, incidieron en que han demostrado en reiteradas ocasiones su "voluntad de diálogo", ya que quieren que este tipo de turismo sea "sostenible y una experiencia positiva" para todos.

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