El diagnóstico sobre los grandes edificios de infraviviendas de Cala Major ha permitido conocer cuál es la situación social de quienes viven allí. De las entrevistas realizadas a los vecinos de los Pullman y Panam, se sabe que la mayoría son inquilinos, solo un 20% es propietario, y que más de la mitad de los apartamentos están habitados únicamente por una persona.
Sin embargo, los técnicos municipales han llegado a ver hasta seis personas viviendo en un piso de unos 25 metros cuadrados.
Los precios bajos del alquiler, que oscilan entre 150 euros y 700 euros, han atraído a personas que no pueden pagar las cantidades que se piden en otros barrios, según se puso de manifiesto ayer. Los actuales residentes utilizan estas infraviviendas como "pisos-puente" hasta encontrar una alternativa, expusieron ayer las trabajadoras sociales que han elaborado este diagnóstico.
De las 372 entrevistas realizadas, se sabe que un 34,6% de los habitantes está en paro y que hasta un 27,3% de las familias sufren carencia material severa, es decir, no puede llegar a final de mes cubriendo gastos básicos.
Más de la mitad de los residentes son extranjeros (52,15%), de los que menos de un 10% son de la UE.
Debido a que son pisos-puente, las características de los residentes pueden variar, remarcaron las trabajadoras sociales. En el momento de elaborar este informe, sí se detectó una población infantil minoritaria.
Durante el trabajo de campo, los técnicos municipales han derivado 22 casos a servicios sociales, otros tres a Cáritas, cuatro a servicios de la tercera edad y ocho a la Oficina Antidesahucios de Palma.
Juan José Velázquez, arquitecto municipal, comentó que "la alegalidad ha derivado en muchísimos problemas" y en una "situación muy compleja", que no solo se limita a los grandes bloques de pisos, sino a toda la zona, carente de equipamientos básicos.
