Tres técnicos de Emaya investigados por un delito contra el medio ambiente defendieron ayer la gestión de la empresa municipal en el caso de los vertidos fecales a la bahía de Palma. Los tres ingenieros, que declararon durante toda la mañana ante la magistrada del juzgado de instrucción número 12 de Palma, destacar0n que se cumple con la normativa actual, pese a que también reconocieron que las instalaciones de depuración con las que cuenta la ciudad están obsoletas.

Los tres expertos, que son los principales responsables del departamento del Ciclo del Agua de Emaya, señalaron ante la jueza y la fiscal de medio ambiente que ellos no tienen competencia sobre el canon de saneamiento. Según su versión, ellos no tienen ninguna capacidad para decidir a qué se destina este impuesto.

Los técnicos admitieron que hacía falta invertir en las depuradoras, porque no cuentan con capacidad suficiente y están obsoletas, y en la pasada legislatura se empezó a trabajar en este sentido, principalmente la del Coll d’en Rabassa, que es muy antigua y debería haberse renovado en 1993 con fondos estatales. Esta planta trata el agua de la parte occidental de Palma, excepto s’Arenal, y de Marratxí, Esporles y Bunyola. Los ingenieros apuntaron también que fue en la pasada legislatura cuando se empezó a trabajar en este sentido. Según su versión, se trata de un problema endémico, de muchos años atrás.

De hecho, recordaron que tenían un plan de actuación de 244 millones de euros y, antes de 2016, durante la legislatura del PP, no se hizo ninguna inversión. En cambio, en esta última legislatura se empezó a intervenir para paliar estas deficiencias. Así, entre 2015 y 2019 se recuperaron las inversiones en saneamiento, se hicieron reuniones en Madrid, se aprobaron planes, el Govern aportó 35 millones de euros del canon de saneamiento, ahora se está haciendo un tanque de laminación y también un nuevo colector, que evitará el 80% de los vertidos, según los expertos.

Parámetros de depuración

Los ingenieros insistieron ayer en su declaración judicial en que se cumple con la normativa y los parámetros de depuración. La norma contempla el vertido de aguas fecales en casos excepcionales como lluvias copiosas o averías. En la pasada legislatura se avisaba a la población y se prohibía el baño en las playas al colocar la bandera roja. Uno de los problemas de Palma es que en la mayor parte de la ciudad se mezclan las aguas residuales y pluviales.

La toma de declaración de los tres investigados se retrasó ayer casi una hora debido a un problema informático en la sede judicial de Vía Alemania. Así, sobre las once menos cuarto de la mañana, el primer ingeniero empezó a ser interrogado por la fiscal de medio ambiente y la magistrada. Su declaración duró más de una hora. El resto de comparecencias fueron más breves. Los tres ingenieros respondieron a todas las preguntas que les plantearon.

Todos ellos están siendo investigados por un presunto delito medioambiental por los vertidos de aguas residuales a la bahía de Palma. Las autoridades indagan si se ha producido una regresión de la posidonia debido a estos vertidos de aguas fecales al mar. También se analiza si el canon de saneamiento se ha utilizado para fines distintos que no estén relacionados con el ciclo del agua.

Hoy está previsto que declaren en el juzgado como investigadas Neus Truyol, expresidenta de Emaya, e Imma Mayol, exgerente de la empresa municipal, además de un cuarto técnico dentro del mismo caso de los vertidos de aguas fecales a la bahía de Palma.

Tres informes favorables, uno desfavorable y pendientes de otro

El caso de los vertidos de aguas fecales a la bahía de Palma cuenta con tres informes favorables a Emaya, uno desfavorable y todavía se está pendiente de otro. Los estudios favorables son de la conselleria de Medio Ambiente del Govern balear y del Instituto Oceanográfico, que detallan que la calidad del agua es excelente y que no se puede constatar científicamente que haya una relación entre los vertidos y la regresión de la posidonia en la zona. También consta un informe técnico de la fiscalía que concluye que la calidad del agua para el baño es buena. Sin embargo, otro estudio del Seprona de la Guardia Civil, en el que se basa el ministerio público en el proceso judicial, que data de 2011, detalla que la posidonia está afectada, pero no determina por qué motivos. Ahora, las partes personadas en la causa están pendientes de otro informe técnico, mucho más exhaustivo, por parte de la fiscalía de medio ambiente que analice la posidonia.

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