La junta de gobierno del Ayuntamiento de Palma aprobó este miércoles el proyecto de demolición de las 85 barracas que aún quedan en Son Banya una vez ejecutada la primer fase de la erradicación del poblado.

El teniente de alcalde de Cultura y Servicios Sociales, Antoni Noguera, explicó que las obras de demolición tienen un coste de 917.000 euros. La ejecución de estos trabajos, por motivos de eficiencia y seguridad se realizarán de forma distinta a los de la primera fase ya que en lugar de derribar barraca tras barraca a medida que eran desalojadas, se esperará a poder hacerlo con una manzana completa. Además en el solar que ocupa, con los restos de demolición se procederá a levantar un talud con el fin de que las construcciones nu puedan levantarse de nuevo.

En estos momentos en el poblado existen nueve manzanas y se prevé que los trabajos de demolición duren cinco días en cada una de ellas. El inicio de estas obras, no obstante, no será inmediato, puesto que primero se debe proceder al desalojo de las 90 familias que aún las ocupan.

Al respecto, Noguera anunció que una vez se haya contratado al equipo de procuradores y abogados que se encargarán de los procedimientos de desahucio, lo que probablemente ocurrirá la próxima semana o, a lo sumo, la siguiente, se procederá a notificar a los actuales pobladores que deben desocupar las barracas.

El Ayuntamiento mantiene las ayudas económicas a las familias que reúnan los requisitos previstos en el plan de desmantelamiento del poblado, a las que se ha añadido una posible indemnización.

En las próximas semanas también se adjudicará la elaboración de un censo que permitirá disponer de información más actualizada de las personas que todavía víven en el poblado.

El objetivo, según Noguera, es que todo el asentamiento esté demolido en 2021 con el fin de poder ceder el solar resultante al Govern balear para la construcción de una residencia para personas mayores.

Primera fase

La primera fase del nuevo intento para erradicar el poblado de Son Banya, ejecutada entre julio de 2018 y marzo de 2019, supuso el lanzamiento de 42 órdenes de desahucio, de las cuales se ejecutaron 31, con el correspondiente derribo de las barracas desalojadas. Estas órdenes afectaron a 117 personas que abandonaron el poblado, entre las que había 68 adultos y 49 menores. Entre los afectados, un total de 18 familias se pudieron acoger a las ayudas ofrecidas por el Ayuntamiento, 15 de ellas mediante una alternativa habitacional y tres con una indemnización. Cort dispone este año de 100.000 euros para destinar al realojo de las familias que cumplan las condiciones.

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