04 de enero de 2020
04.01.2020

Menos de la mitad de las peticiones de vivienda social obtuvieron respuesta

Cort adjudicó pisos de alquiler a 35 familias en situaciones de vulnerabilidad en 2019 y reconoce insuficiente el 0,5 % actual

04.01.2020 | 02:45

La respuesta del Ayuntamiento a las familias con riesgo de perder sus casas alcanza a la mitad de las peticiones realizadas en los últimos seis años. Solo el 50 por cien de las peticiones registradas consiguieron un piso social. En 2019, a través del Patronato Municipal de la Vivienda (PMH-Riba), se adjudicaron viviendas de alquiler social a 35 familias en situación de vulnerabilidad. Esta cifra supone que solo se ha dado respuesta al 45% de quienes han solicitado esta ayuda, una tónica similar al último sexenio.

Según informó ayer el Ayuntamiento a través de un comunicado, hasta febrero de 2019, que fue cuando se aprobó la modificación del protocolo que permitió ampliar los requisitos de los adjudicatarios, solo podían acceder a estas viviendas del Fondo Social del Ayuntamiento las personas afectadas por un proceso de desahucio por insolvencia sobrevenida. Sin embargo, ahora pueden acceder familias que estén en riesgo de perder su casa por diferentes motivos.

De este modo, las 35 familias que en 2019 accedieron a este tipo de inmuebles del Patronato Municipal de la Vivienda, PMH-Riba, lo hicieron por insolvencia sobrevenida, por ser personas mayores o con movilidad reducida, o también aquellas beneficiadas por el plan de desmantelamiento del poblado de Son Banya.

La regidora de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad, Neus Truyol, incidió en que "Palma sufre una grave carencia de vivienda pública de alquiler y de pisos con precios asequibles". Por ello, añadió Truyol, el Ayuntamiento destina "recursos a las familias más vulnerables".

La regidora ha destacado que "son necesarias estas actuaciones de prevención de la exclusión social" porque mientras en Viena, Londres, París o Berlín disponen de más de un 20% de vivienda pública de alquiler, la situación en Palma se sitúa en torno al 0,5%.

"Tensión inmobiliaria"

La responsable de está area ve en "el éxito turístico de la ciudad y la acción sobre ella de inversores oportunistas, una situación de tensión inmobiliaria como nunca se había visto como consecuencia directa".

Asimismo, la regidora de Vivienda en Palma aseguró, por último, que "tiene claro que el precio de la vivienda se ha convertido en los últimos años en un elemento determinante del riesgo de pobreza de la población y en uno de los factores explicativos de las desigualdades sociales".

En los últimos años, el precio del alquiler ha aumentado un 50 por cien. Palma es la tercera ciudad más cara donde compartir habitación con una media de 417 euros. La media del precio del alquiler es de 13,2 euros metro cuadrado pero en un piso de 60 metros cuadrados, se paga una media de 15 euros el metro cuadrado.

Un dato es revelador del estrangulamiento económico que supone alquiler una vivienda en Palma: el 78 por cien de la población destina más de un 35 por cien de su sueldo a tener techo.

"La lucha contra la exclusión residencial es una prioridad que determina la política de vivienda de Palma en los próximos años", aseguró Neus Truyol.

Medidas "valientes" para conseguir un 15% de pisos asequibles

Desde el departamento que rige la política de vivienda municipal se están poniendo en marcha medidas "valientes y contundentes" para paliar la actual situación de emergencia habitacional que evite la exclusión residencial y se alcance un 15 por ciento de vivienda asequible. Si se alcanzase este índice, Palma se colocaría en una posición similar a la de ciudades europeas como Viena, Londres, París o Berlín, que cuentan con más de 20 por ciento de vivienda pública de alquiler. Entre las medidas que se barajan en el área de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, está aumentar el parque público de vivienda con nuevas promociones de HPO, vivienda dotacional y cesión de derechos de superficie a cooperativas y 'cohousing'. Se estudia limitar el precio de alquiler y regular los usos no sociales de las viviendas. Se ofrece como mediador entre particulares a través de una bolsa de permutas de viviendas privadas y de masovería urbana. Por último, entre las medidas que se proponen está rescatar las viviendas vacías de los grandes tenedores a través de la aplicación de la Ley de Vivienda de Balears. 

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