La plataforma ciudadana Stop Desnonaments ha intervenido este año en "más de un centenar de desahucios y la gran mayoría han sido paralizados, porque se ha encontrado una solución o se han quedado en el limbo", como afirma el portavoz, Joan Segura. Durante 2019, el primer año en que la entidad participa activamente contra la ejecución de los lanzamientos, ha prosperado una decena de desalojos en los que ellos estaban presentes, de los que "ocho eran de pisos propiedad de particulares, uno del fondo buitre Alquileres sa Gerreria S.L. y otro del Ibavi", añade.
Por el contrario, "más del 50% de los que han sido suspendidos pertenecen a bancos o fondos buitre, ya que prefieren dejar el caso en el limbo o intentarlo en otro momento antes que ofrecer un alquiler social", en palabras de Segura. De todos modos, la otra portavoz de Stop Desnonaments, Alma Vives, explica que desde la plataforma han logrado "cuatro contratos de alquiler con bancos" y, en general, "una veintena de arrendamientos, renovaciones o nuevos contratos de personas que estaban subarrendadas y se han encontrado con que el inquilino abandonaba el piso, en ocasiones incluso con deudas".
A lo largo del año han atendido a alrededor de 400 familias con problemas de vivienda, aunque "no todos los casos desembocan en fechas de lanzamiento, sino que en más o menos la mitad se ha hallado una solución previa", tal como destacan sobre su labor. Colaboran en "conflictos con el alquiler, la hipoteca, ocupación por necesidad, problemas con las empresas de suministros, mala praxis relacionada con servicios sociales y violencia machista, tal como enumera Vives.
Una estrategia novedosa que Stop Desnonaments ha utilizado para detener varios desahucios ha sido acogerse a resoluciones de la ONU emitidas para seis casos en Palma y nueve en toda la isla. En todo el país "se han emitido 51, por lo que en Mallorca es el 18%", se congratula Joan Segura. Sin embargo, ha notado que "se han endurecido los requisitos y hay más resoluciones negativas", dice sobre los numerosos obstáculos para facilitar el acceso a la vivienda, recogido en la Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
