La oficina de la Defensora de la Ciudadanía apenas ha podido gastar un 75% del presupuesto de 80.000 euros asignado para su funcionamiento debido a una cuestión puramente burocrática. Resulta que, cuando se redactó el decreto de asignación de funciones a las distintas concejalías, no se incluyó la posibilidad de que la oficina pudiera encargar estudios independientes sobre determinadas cuestiones al margen de la concejalía correspondiente. De esta forma, no ha sido posible estudiar la situación jurídica de los denominados pasajes particulares con el fin de proponer una solución a este problema competencial que se viene arrastrando desde hace décadas, como tampoco se ha podido encargar un dictamen independiente sobre la contaminación sonora en la ciudad. Por ello, la Defensora ofreció a la concejala de Justicia Social, LGTBI y Feminismos, Sonia Vivas, que utilice parte de los 6o.000 euros que le “sobran” de su prespuesto para hacer efectivo el pago de 30.000 euros a una ONG sobre un proyecto de cooperación internacional de 2011.
Consell Social de la Ciudad inoperante
El Consell Social de la Ciudad, máximo órgano de Participación Ciudadana, se ha mostrado desde su creación como un órgano totalmente inoperante. En el actual mandato no parece que la situación cambie, puesto que en la sesión constitutiva celebrada el pasado jueves tan solo acudieron los representantes de la Federació d’Associacions de Veïns de Palma y del sindicato CC OO. El alcalde, José Hila, que es el presidente nato de este órgano, no acudió, por lo que presidió la sesión el teniente de alcalde Alberto Jarabo.
